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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó este martes varias pruebas testimoniales contra los policías y militares imputados de presunta corrupción administrativa contra el Estado en el denominado caso Coral y Coral 5G, comunicó la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público asegura que los integrantes del expediente estafaron al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
Las presuntas pruebas
Entre las pruebas llevadas hoy al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que lleva el caso, están las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al general Boanerges Reyes Batista.
Dijo que esa prueba evidenciaba, “un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio”.
El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón.
“Fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona y utilizadas en facturas para justificar pagos de compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L.”, detalló la Pepca en una nota de prensa.
- De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa Meljo Comercial E.I.R.L., al igual que SSA Corporation S.R.L., fue utilizada únicamente para simular compras en el Cusep y en Cestur, donde los acusados Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre autorizaron las supuestas compras, mientras el departamento financiero, dirigido por Rafael Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos.
“El dinero era retornado luego al entramado en efectivo o a través de propiedades. Esta empresa simulaba suplir materiales de limpieza, artículos gastables, así como toners para impresoras”, dice la nota de prensa.
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Aseguró que Valdez también validó la falsificación de los sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, “los cuales fueron ocupados durante los allanamientos realizados”.
“Además, certificó que fue falsificada la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien previamente testificó que no había realizado dicha transacción a la cuenta de la empresa Único Real Estate e Inversiones S.R.L., en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Venezuela”, agrega el documento de la Procuraduría.
En la audiencia de hoy, el fiscal Jonathan Pérez Fulcar indicó que la audiencia fue recesada hasta el próximo martes 22 de abril, «fecha en la que serán escuchados los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los análisis patrimoniales de los acusados Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola».
Los imputados y el proceso
De acuerdo con la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario.
Entre los acusados figuran el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias “la Pastora”; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
Fuente:
diariolibre.com