Por Jose Diaz 
Las historias de Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz, acusados falsamente del asesinato de Paula Santana, y la de Erick Dorrejo Medina, descargado en el caso Operación Nido, ilustran cómo una imputación injusta puede convertirse en una condena social irreversible.
“Pensé que ese sería el último día que mi mamá me vería con vida”. Así recuerda Joaquín Hidalgo Marte su detención por el asesinato de Paula Santana Escalante. Según denunció, fue interrogado bajo tortura, con fundas en la cabeza, golpes y amenazas para que confesara un crimen que no cometió.
Él y su compañero de trabajo Alex Cruz Díaz fueron enviados a prisión preventiva, pese a no existir pruebas forenses que los vincularan al hecho.
Ambos permanecieron siete meses en prisión. La autopsia no halló su ADN en el cuerpo de la víctima ni en sus pertenencias. En septiembre de 2024, la Fiscalía solicitó el archivo provisional del caso.
Meses después, fue arrestado el que se presume es el verdadero responsable: Junior Lazarito Sánchez Martínez, también empleado en la misma empresa, quien, tras ser apresado, confesó haber cometido el crimen.
El expediente inicial contra Joaquín y Alex se sustentó en conjeturas: la hora en que salieron del trabajo y una camiseta supuestamente ensangrentada. La defensa y la familia de Paula han denunciado fallos en la investigación, incluyendo la omisión de grabaciones de seguridad. Aunque fueron liberados, ambos enfrentan el estigma social.
“Estamos libres, pero caminando aún estamos presos”, dijeron en una entrevista con la periodista Nairobi Viloria.
Otra acusación injusta
Otro caso reciente pone en evidencia los efectos de una imputación injusta. El funcionario Erick Dorrejo Medina, titular de la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, fue descargado en el caso Operación Nido, donde se investiga una supuesta red de estafa inmobiliaria que habría defraudado a más de 300 personas por más de 700 millones de pesos.
Según la acusación, Dorrejo recibió dinero del presunto cabecilla, Emmanuel Rivera Ledesma. Él lo negó desde el inicio y explicó ante el juez que su empresa había rescindido un contrato de compraventa de terrenos, y que devolvió 187,500 dólares al Ministerio Público que resultó ser el dinero que los imputados en el caso Nido habían pagado por la transacción de compra de terrenos que son de su propiedad y cuya venta había sido cancelada luego de que los imputados se vieran en la incapacidad de honrar el acuerdo.
El juez Raymundo Mejía dictó el 25 de abril un auto de no ha lugar, tras considerar que no existían pruebas para justificar una condena.
Junto a Dorrejo también fueron descargados otros tres imputados. Sin embargo, el funcionario fue públicamente vinculado al fraude resultando en víctima.
Fuente:
diariolibre.com