Por Jose Diaz 
En un mundo cada vez más conectado, el acoso en línea se ha convertido en una forma creciente y peligrosa de violencia digital que afecta a personas de todas las edades en la República Dominicana.
A pesar de su impacto devastador, la falta de una legislación específica que sancione el ciberacoso deja a las víctimas desprotegidas y vulnerables. Mientras países de Norteamérica, Europa y América Latina ya cuentan con legislaciones para enfrentar este fenómeno, la República Dominicana aún enfrenta el desafío de implementar una ley efectiva que garantice la seguridad y protección en el entorno digital.
Por ello, expertos y autoridades reclaman con urgencia la adopción de normativas claras y contundentes para combatir esta amenaza silenciosa.
¿Qué es el acoso en línea?
El acoso en línea, también conocido como ciberacoso o violencia digital, abarca una amplia gama de conductas: amenazas, chantaje con imágenes íntimas -conocido como “sextorsión”-, difusión no consentida de contenido sexual, insultos reiterados, usurpación de identidad, o vigilancia persistente a través de redes sociales.
A diferencia del acoso presencial, este tipo de violencia puede ser anónima, viral, y operar las 24 horas del día, amplificando sus efectos devastadores.
Cifras que preocupan
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 40 % de las mujeres en la región ha sufrido algún tipo de violencia digital.
Los más afectados son los jóvenes entre 13 y 24 años, con las adolescentes y mujeres adultas como principales víctimas. El fenómeno se intensificó tras la pandemia, impulsado por el uso masivo de dispositivos y redes sociales.
¿Qué hace el mundo?
El Reino Unido fue uno de los pioneros en legislar sobre ciberacoso, con leyes como el Malicious Communications Act (1988) y la más reciente Online Safety Act (2023), que impone severas multas a plataformas que no remuevan contenido dañino.
Japón, impulsado por el suicidio de la luchadora Hana Kimura en 2020, reformó su Código Penal en 2022 para castigar los insultos en línea con prisión.
México, por su parte, aprobó la conocida Ley Olimpia, que penaliza la violencia digital y la difusión no consentida de contenido íntimo.
La realidad del país
La República Dominicana ha avanzado, aunque de forma fragmentada. Actualmente, el país cuenta con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza accesos ilícitos, fraudes informáticos y difamación a través de medios digitales. Sin embargo, no tipifica específicamente el ciberacoso, dejando un vacío legal importante.
El Código Penal tipifica el acoso sexual, pero solo en contextos laborales o físicos. La Ley 136-03 protege a niños, niñas y adolescentes de la violencia, aunque no menciona el ciberacoso como tal.
Proyectos en marcha
Existen propuestas legislativas en discusión:
- Un proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que incluye por primera vez el ciberacoso y el acoso callejero, con sanciones de hasta 10 años de prisión.
- Una reforma a la Ley 53-07, que contempla definir el ciberacoso como una conducta delictiva persistente a través de medios digitales, con penas de 2 a 5 años de prisión.
- Modificaciones a la Ley 136-03, que agregan el bullying y el acoso escolar digital como infracciones.
Estas iniciativas responden a una creciente presión de organizaciones feministas, sectores judiciales y organismos internacionales que reclaman mayor protección legal frente a una violencia que no distingue edades ni clases sociales.
En septiembre de 2023 la magistrada emérita de la Suprema Corte de Justicia dominicana, Esther Agelán Casasnovas, aseguró que el grado de lesividad que sufren las víctimas de ciberacoso en la República Dominicana se agrava debido a la falta de una legislación específica que tipifique y sancione el acoso cibernético, problema que afecta especialmente a los niños.
Por ello, destacó la urgencia de reformar la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para incluir este delito. Además, enfatizó la importancia de que las familias asuman un rol más vigilante y activo en la supervisión de los menores de edad.
Estas declaraciones fueron parte de su conferencia «Ciberacoso o ciberstalking. ¿Cómo afecta a la familia?», durante la Primera Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad, organizada por el Tribunal Constitucional.
Recursos disponibles
Frente a la falta de leyes específicas, algunas instituciones han desarrollado programas de prevención y atención.
- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha lanzado campañas de concienciación sobre ciberseguridad, talleres en escuelas y paneles sobre ciberbullying, en alianza con la Fundación MAPFRE y organismos públicos.
- El Ministerio de la Mujer ofrece atención legal y psicológica a mujeres víctimas de violencia digital. Se puede acceder marcando *212 desde cualquier teléfono móvil.
- Chatbot Sara, desarrollado junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), brinda información y orientación segura para mujeres que enfrentan violencia de género. Está alojado en la página web del Ministerio de la Mujer
- La Línea Vida 809-200-1202, operada por el gobierno y diversas ONG, ofrece ayuda emocional y orientación en casos de violencia y acoso. Está disponible desde 2017 y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las denuncias son completamente confidenciales.
El impacto psicológico
Diversos estudios han demostrado que las víctimas de acoso en línea presentan altos niveles de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.
A menudo, las mujeres y adolescentes que denuncian no encuentran acompañamiento efectivo en el sistema judicial ni en su entorno, lo que incrementa su sensación de aislamiento.
Además, el uso de inteligencia artificial y plataformas anónimas ha facilitado la creación y distribución de imágenes falsas o deepfakes con fines de acoso, sin que exista una legislación nacional que regule estos actos.
¿Qué se necesita?
- Tipificación clara del ciberacoso como delito autónomo.
- Capacitación de fiscales y jueces en violencia digital y evidencia tecnológica.
- Obligación de las plataformas digitales a colaborar con las autoridades y remover contenido nocivo.
- Educación digital en escuelas para enseñar a niños y adolescentes a detectar y denunciar estas situaciones.
- Protección especial a mujeres, niñas y personas LGTBIQ+, quienes sufren formas más crueles y reiteradas de acoso en línea.
Aunque la justicia dominicana aún no registra sentencias específicas por ciberacoso como delito autónomo, sí han existido procesos en los que las tecnologías han sido clave.
Uno de los más relevantes fue la condena de 15 años a un oficial del Ejército por violación sexual, descubierta a través de videos almacenados en Google Drive. La fiscalía aplicó la Ley 53-07 para sustentar parte del caso. Otro ejemplo es el uso de herramientas digitales por parte de la Fiscalía Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) para perseguir delitos que comienzan o se desarrollan en línea.
Con 796 casos considerados como ciberacoso, las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd) dieron seguimiento el pasado año a esta nueva forma de violencia, que tiene como escenario las plataformas digitales, principalmente redes sociales.
“Con estos casos hacemos un abordaje preventivo con los estudiantes y los padres sobre las consecuencias que tiene eso a largo plazo, en la vida de cada uno de ellos, el exponerse de manera inapropiada en las plataformas digitales.
Y aquí se hace la intervención de prevención y de apoyo psicoemocional y en habilidades sociales”, explicaba Betty Reyes, asesora en el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación de la República Dominicana del Minerd, reseñó Diario Libre.
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Este texto se elaboró con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Fuente:
diariolibre.com