Por Jose Diaz 
El proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, que se estudia actualmente en el Senado, incluye disposiciones que, aunque han sido criticadas por sectores que alertan sobre posibles riesgos de censura, pero también contemplan mecanismos concretos para proteger a los medios de comunicación y a los periodistas ante presiones externas que atenten contra su labor informativa, como la que está recibiendo el periódico Listín Diario para que elimine una noticia publicada en su página web.
En específico, la empresa estadounidense Network Solutions, que es la que alberga la plataforma digital del Listín Diario, le ordenó al medio escrito que eliminara una noticia relacionada con el caso de corrupción que involucra a Lisandro José Macarrulla Martínez, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales si el diario no cumplía con el dictamen en 48 horas.
La información en cuestión, publicada el 22 de marzo de 2024, reporta que Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia, admitió ante un juez los cargos que se le imputaban en el expediente de corrupción administrativa y por los cuales fue condenado.
El Inacom: la novedad
Para casos como ese, una de las principales novedades del proyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un órgano estatal descentralizado que tendría la función de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información en el país. Este instituto tendría, entre sus atribuciones, la responsabilidad de acompañar a usuarios y medios cuando sus derechos sean vulnerados por plataformas digitales o terceros.
El artículo 36 del proyecto, que detalla las competencias del instituto, establece que el Inacom podrá orientar y acompañar a los usuarios cuando sus derechos a la libre expresión sean amenazados.
Además, la propuesta contiene una serie de artículos que refuerzan la protección a los medios ante presiones tanto estatales como privadas. El artículo cuatro prohíbe expresamente la censura previa y limita cualquier restricción a la libertad de expresión a aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática.
Censura indirecta
En ese mismo lineamiento, el artículo seis consagra el principio de «no censura indirecta», condenando el uso de mecanismos de presión, ya sea desde el Estado o desde particulares, para castigar a medios de comunicación por sus líneas editoriales o por sus publicaciones.
El artículo 11 refuerza el criterio del artículo seis al declarar incompatibles con la libertad de prensa cualquier tipo de presión directa o indirecta sobre los medios por parte de actores públicos o privados, incluyendo “restricciones arbitrarias” al acceso a servicios de internet.
El proyecto, en sus artículos 21 y 22, también establece que los usuarios tienen derecho a recibir notificaciones claras y detalladas sobre cualquier decisión de eliminación de contenido y a contar con mecanismos de apelación en español. Además, se exige que estas plataformas tengan representantes legales en territorio dominicano para garantizar respuestas efectivas tanto a los usuarios como a las autoridades nacionales.
Eximentes para la eliminación
Más abajo, en el artículo 23, el proyecto dispone que la eliminación de contenido periodístico solo procedería si existe un daño probado a la vida privada y mediante orden judicial, y no cuando se trate de información de interés público, sobre figuras relevantes o relacionada con derechos fundamentales.
Por tanto, aunque el proyecto ha generado inquietud en algunos sectores, también establece una estructura legal que serviría para proteger a los medios dominicanos frente a presiones privadas como la que atraviesa actualmente el Listín Diario.
Fuente:
diariolibre.com