Por Jose Diaz 
Este martes 20 de mayo entró en vigor en España un nuevo Reglamento de Extranjería que podría marcar un antes y un después para más de 470,000 inmigrantes en situación irregular que residen en el país desde antes del 31 de diciembre de 2024. La medida busca facilitar su integración legal y social a través de un proceso de regularización que actualiza y simplifica los procedimientos relacionados con residencia, trabajo y reagrupación familiar.
En un contexto internacional en el que países como Estados Unidos y el Reino Unido han endurecido sus políticas migratorias, y mientras la República Dominicana ejecuta deportaciones masivas para controlar la migración irregular, principalmente de haitianos, la decisión del gobierno español representa un enfoque distinto en materia de gestión migratoria.
Una medida que beneficia a la comunidad dominicana en España
Entre los posibles beneficiarios del nuevo reglamento se encuentra una parte considerable de la comunidad dominicana, una de las más numerosas en territorio español. Según el informe Los dominicanos en España: Un perfil demográfico y socioeconómico (2001-2023), presentado en Madrid en abril de 2023, la población de origen dominicano ascendía a 239,400 personas. De ese total, 193,653 procedían directamente de la República Dominicana y unas 45,747 habían nacido en España, con al menos un progenitor dominicano.
- Los datos más recientes indican que alrededor del 34 % de los emigrantes dominicanos residen en la Comunidad de Madrid, mientras que en Cataluña vive aproximadamente el 24 %.
- También se han reportado asentamientos significativos en regiones como Castilla y León, Galicia y Andalucía.
La medida representa una oportunidad para aquellas personas que han vivido durante años en situación irregular y que, según el reglamento, podrán optar por la regularización si demuestran un año de residencia continua en España, vínculos familiares o laborales, o si han participado en programas de integración social.
Impacto económico y social
La mayoría de los dominicanos en España trabaja en sectores que requieren mano de obra intensiva, como la hostelería, el cuidado de mayores, la construcción y el comercio. Muchos de ellos han estado activos en la economía informal, lo que limita su acceso a derechos laborales y servicios públicos. Con la nueva normativa, se espera que parte de esta población pueda integrarse plenamente al sistema legal y laboral.
Según el informe citado, la comunidad dominicana enfrenta retos socioeconómicos importantes. La tasa de actividad laboral ha disminuido, el desempleo ha aumentado, el nivel educativo entre los jóvenes es inferior al promedio nacional y el porcentaje de personas en riesgo de pobreza duplica la media española.
En ese contexto, la regularización puede representar una mejora en las condiciones de vida de muchas familias dominicanas y, de forma indirecta, un aumento en el envío de remesas hacia la República Dominicana.
Los desafíos no desaparecen
Para la comunidad dominicana en España, la regularización es un paso fundamental, pero no exento de obstáculos. El proceso implica demostrar al menos un año de residencia continua, lazos familiares o laborales en el país, o participación en programas de integración. Análisis sobre el plan han observado que la falta de información y la discriminación siguen siendo barreras reales, a pesar de que la normativa incluye estrategias masivas de difusión.
La percepción pública sobre los jóvenes de origen dominicano —algunos de los cuales han sido vinculados por los medios a pandillas juveniles— sigue afectando la imagen general de una comunidad trabajadora y comprometida. Cambiar esa narrativa es también parte del reto.
Una norma con cabos sueltos
Medios españoles y agencias internacionales alertaron este martes que la reforma migratoria, que aspira a regularizar a unos 900,000 inmigrantes en los próximos tres años, puede impactar en la pérdida de derechos de algunos colectivos.
Aunque el Gobierno español, asegura que es una adaptación de la normativa europea para responder a la realidad migratoria bajo una perspectiva de defensa de los Derechos Humanos, instituciones que trabajan con inmigrantes dicen que muchos podrían quedarse sin posibilidades de formalizar su residencia en el país.
Entre otras medidas, modifica la figura de arraigo, reduce el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella, indicó este martes la agencia EFE.
Fuente:
diariolibre.com