Por Jose Diaz 
En un sistema judicial como el dominicano, los fiscales son pieza clave para la investigación y persecución del delito. Sin embargo, su realidad laboral evidencia retos importantes: altas cargas de trabajo, salarios desiguales y condiciones que muchas veces no reflejan la magnitud de sus responsabilidades.
El Ministerio Público cuenta con 1,100 fiscales, según los últimos datos oficiales ofrecidos por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom). Su coordinador ejecutivo, Francisco Rodríguez, advierte que la cantidad es insuficiente para atender las demandas de la sociedad.
“Está faltando realmente una cantidad aproximada de más de un 50 por ciento de lo que tenemos”, expresa el magistrado. De acuerdo con Rodríguez, una de las causas de este déficit son las renuncias, sobre todo de aquellos con menos tiempo de ejercicio.
Dice que los fiscales más jóvenes renuncian porque el sistema no les satisface, pues observan que no hay perspectiva a futuro para ellos al final de su vida laboral, y que la institución no les da una respuesta a sus situaciones personales.
La carga de trabajo
Aunque no existen estadísticas claras sobre la cantidad de casos que maneja un fiscal de forma simultánea, diversas fuentes dentro del sistema reconocen que el volumen de expedientes es alto y creciente, en especial en unidades especializadas como la de persecución de la corrupción.
Esto ha generado preocupación en cuanto a la sostenibilidad del ritmo de trabajo, el desgaste emocional de los fiscales y el impacto de estos factores en la eficiencia del proceso judicial.
Rodríguez estima que los fiscales litigantes suelen manejar entre 20 y 25 expedientes distintos o casos judiciales de envergadura.
Fiscales consultados por Diario Libre de manera anónima aseguran que pueden tener a cargo hasta 150 expedientes distintos en un mes. “En Violencia de Género, en San Cristóbal, un fiscal de turno puede manejar un mínimo de 25 casos diarios”, precisa una fuente.
Dada la naturaleza de sus funciones, la seguridad personal de los fiscales es un tema central. La normativa les garantiza protección, incluyendo la provisión de armas cortas y, en casos específicos, personal de custodia.
Sin embargo, en los últimos años han salido a la luz denuncias sobre fiscales amenazados por el narcotráfico, vinculados a casos de corrupción y al crimen organizado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer aún más estos mecanismos de protección.
¿Cuánto gana un fiscal?
El salario de los fiscales en el país varía según el rango y el tiempo de servicio. Un fiscalizador recién ingresado puede devengar alrededor de 90,000 pesos mensuales, mientras que un procurador fiscal titular puede alcanzar hasta 150,000 pesos.
A pesar de los incrementos salariales registrados en años recientes, muchos consideran que las remuneraciones aún son bajas frente al nivel de responsabilidad, los horarios exigentes y el riesgo inherente al cargo.
La Ley 78-03 que rige al Ministerio Público garantiza diversos beneficios para los fiscales. Estos incluyen: inamovilidad en el cargo, ascensos por méritos, derecho a portar un arma de fuego, seguridad personal y familiar, exoneraciones para vehículos, placas y pasaportes oficiales, acceso a planes de vivienda, seguro de salud y de vida, y un bono navideño equivalente a un salario mensual.
Además, en el 2022 se firmó un acuerdo con el Banco de Reservas que permite a los fiscales y demás empleados del Ministerio Público acceder a préstamos preferenciales para adquisición de viviendas y vehículos.
Sin embargo, uno de los reclamos más recurrentes de los fiscales es la marcada brecha salarial que existe en comparación con los jueces.
Mientras estos pueden ganar entre 125,000 y 289,843 pesos mensuales, los fiscales tienen un tope de 150,000 pesos, a pesar de que la ley establece que ambas funciones deberían ser remuneradas en condiciones equivalentes. Este desfase ha sido criticado por gremios del sector justicia y organismos de la sociedad civil.
La situación económica de los fiscales era más precaria antes de la gestión de Miriam Germán al frente del órgano persecutor. Germán defendió en 2024 que en su gestión se hicieron ajustes “considerables” a los fiscalizadores.
La actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, anunció en marzo de 2025 la creación de un fondo de pensiones para los fiscales.
También instauró un premio al mérito del Ministerio Público, una distinción que se entregará cada 9 de marzo para reconocer la trayectoria y el compromiso de los fiscales.
No obstante, la enorme carga de trabajo y la disparidad entre lo que devengan los abogados defensores y los fiscales que los enfrentan en procesos judiciales, hace que la labor sea poco atractiva.
Igualmente, muchos fiscales se quejan anónimamente de no contar con protección una vez salen de las salas de audiencia y que, en más de una ocasión, han temido por sus vidas cuando tienen que conocer casos que involucran narcotráfico, asesinatos, trata de personas u otros delitos del crimen organizado.
Para esta situación, no tienen muchas opciones.
Fuente:
diariolibre.com