Por Jose Diaz 
La Cámara de Cuentas (CCRD) detectó irregularidades en varias contrataciones por excepción realizadas por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) durante la pandemia del COVID-19 y las remitió al Ministerio Público «para que establezca el grado de responsabilidad y carácter de imputación». De acuerdo con el órgano, estos procesos ascienden a más de 800.8 millones de pesos, adjudicados a 58 suplidores.
Entre los principales hallazgos del informe de auditoría sobre la gestión 2016-2020 se cita que el proceso identificado como INAIPI-MAE-PEUR-2020-0001 fue declarado de urgencia y adjudicado a 20 proveedores por 531.7 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría reveló que las compras estaban previamente contempladas en el Plan Anual de Compras, lo cual elimina la justificación legal para el uso de procedimientos de excepción.
En ese sentido, la exdirectora de la institución, Berlinesa Franco (2016-2020), respondió que se procedió a unificar “los procesos de compras de alimentos y hacer un solo proceso de alimentos para el año 2020 completo”, debido al crecimiento de la demanda, producto del confinamiento.
Kenia Lora, extitular del 8 de abril al 22 de octubre de 2020, aseguró que el proceso ya había sido adjudicado y que, conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, debía continuar el contrato para evitar posibles repercusiones legales.
La Cámara de Cuentas citó el artículo 4 del Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que en su inciso j), señala: «No serán considerados casos de urgencias las compras y contrataciones que se encuentran incluidas en los respectivos planes y programas de compras y contrataciones de las instituciones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley».
106.3 millones de pesos avanzados, sin recibir el servicio
La auditoría revela que 11 proveedores no entregaron los productos contratados, a pesar de haber recibido anticipos equivalentes al 20 % del valor acordado, por un monto total de 106.3 millones de pesos. Los nueve proveedores restantes solo entregaron parte del pedido.
Al consultar el pliego de condiciones del proceso INAIPI-MAE-PEUR-2020-0001, adjudicado el 17 de marzo de 2020, se puede verificar que los proveedores tendrían hasta 10 días calendario después de la firma del contrato, en horario regular, para hacer la primera entrega de los bienes que les fueren adjudicados.
Franco, aseguró que, aunque el proceso se desarrolló y adjudicó durante su gestión, la distribución quedó en manos de su sucesora. Asimismo, Lora afirmó que el proceso fue contratado para que las entregas se realizaran en las estancias infantiles, “lo cual no pudo ser posible, debido a que dichos centros permanecían cerrados por el COVID-19”.
En ese momento, se requirió a los suplidores la entrega de los productos no perecederos para almacenarlos en los depósitos de la institución y realizar las entregas de raciones alimenticias como parte de los programas de asistencia social.
Pago a empresas que no estaban al día
En este mismo proceso, la Cámara de Cuentas encontró que se pagaron 36.1 millones de pesos a empresas que no estaban al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, contraviniendo lo estipulado por las normativas del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), según consta en el testimonio de la encargada financiera.
“En cuanto a este punto, le notificamos que la DGII y la TSS otorgaron facilidades a los contribuyentes en materia impositiva y de seguridad social por motivo del COVID-19. De igual manera, si no fuese así, la Contraloría General de la República hubiese devuelto todos los pagos a través de la unidad de auditoría instalada en la institución”, aseguró Lora.
También se verificó que 12 contratos, por un valor de 312.8 millones de pesos, fueron adjudicados a oferentes que incumplieron con los pliegos de condiciones técnicas, como presentar imágenes referenciales en lugar de fotografías reales de los productos.
Diferencia de 426.5 millones de pesos en la nómina
La auditoría de la CCRD detectó una diferencia de 426.5 millones de pesos entre la ejecución presupuestaria y la nómina digital en los años 2019 y 2020.
Las exdirectoras ejecutivas coincidieron en que el sistema de procesamiento de pagos no admite diferencias en los montos, y el órgano fiscalizador concluyó que las respuestas no desvirtúan el hallazgo.
En su carta, Franco precisó:
- “Referente a este punto, debemos aclarar que los montos de nómina ejecutados en el SASP corresponden a los archivos cargados al SIGEF, los cuales fueron aprobados y auditados por la Contraloría General de la República y ejecutados por la Tesorería, después de la revisión de ambos órganos rectores.
- Notificamos que el SIGEF no permite subir un archivo de nómina con un valor mayor al monto registrado en el preventivo; por tal razón, no puede existir un monto menor”.
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Asimismo, Lora detalló:
- “La nómina del Inaipi se paga por libramiento; no hay otro mecanismo de pago del personal. Por lo tanto, se observa que la ejecución presupuestaria es menor que la data de nómina, lo que significa que los pagos se hicieron con base en lo presupuestado.
- En este caso, y en virtud de que nosotros actualmente no tenemos acceso al sistema de nómina por no ser parte de la institución, le recomendamos que soliciten a las autoridades actuales, vía el departamento de nómina, una conciliación de las nóminas pagadas.
- Esta conciliación debe incluir los archivos aprobados por la Contraloría, los archivos que fueron rechazados por la Contraloría y los reintegros que se realizaron. De esta manera, podrán ver la razón de tal diferencia, la cual no debería existir, ya que a simple vista se visualiza que en la data de nómina existen archivos que no fueron aprobados por la Contraloría, y el departamento de nómina les está suministrando todos los archivos, tanto los aprobados como los rechazados.
- Para fines de pago de nómina, los archivos son previamente aprobados por los analistas de nómina de la Contraloría. Cuando los mismos tienen discrepancia con el pago, los rechazan para fines de corrección y para volverlos a subir”.
El informe de la investigación especial practicada al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), con énfasis en los procesos de compras y contrataciones (2016-2020), cuenta con 552 páginas y expone diferentes violaciones a los mecanismos de control interno del Estado.
En su redacción, el órgano establece su opinión ante los hechos y la calidad de las respuestas de los implicados.
Remitió al Ministerio Público
La Cámara de Cuentas consideró que las irregularidades en los procedimientos de compras y contrataciones en el Inaipi en el periodo citado suponen un «perjuicio a los intereses del Estado y configuran una transgresión del ordenamiento jurídico», por lo que «los funcionarios han comprometido su responsabilidad civil y administrativa, por acción u omisión establecidas en los artículos 47, 48 y 54 de la Ley 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004 y artículos 72 y 75 del Reglamento 06-04 de fecha».
El órgano informó que remitió al Ministerió Público el informe de auditoría «para que ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Constitución, estableciendo el grado de responsabilidad y carácter de imputación, en su calidad de órgano con el monopolio de la acción penal pública».
Plazo de 25 días
Asimismo, indicó que es «imperativo» que las autoridades del Inaipi elaboren un plan de acción correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo. Para ello dio un plazo de 25 días calendario, a partir de la notificación, para que elabore y remita a la Cámara de Cuentas. La institución tendrá una única prórroga de 10 días para enviar este informe.
En 2020, un programa de televisión denunció irregularidades en un proceso de compras llevado a cabo durante un estado de emergencia, a pesar de que el Inaipi, institución dirigida en ese momento por Berlinesa Franco, no estaba habilitada para tales fines.
Por el hecho, el 21 de agosto de ese año, ya con una nueva gestión de gobierno, Franco fue interrogada al respecto por el Ministerio Público en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Para octubre de ese mismo año, la Dirección General de Contrataciones Públicas depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un expediente que detallaba las alegadas irregularidades cometidas durante un estado de emergencia en 2016 debido a las fuertes lluvias que afectaron el país.
En ese entonces, el director de la entidad, Carlos Pimentel, remitió al Pepca un expediente por presunta violación de los procedimientos de compras y contrataciones, por un monto de 208.05 millones de pesos. Esta cifra corresponde al valor pagado por obras de infraestructura ejecutadas en 2016 mediante procedimientos de urgencia, según consta en el informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas, que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año.
De ninguno de los casos se tuvo información posteriormente.
Fuente:
diariolibre.com