Por Jose Diaz 
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inhabilitó en el 2024 de forma permanente a la empresa Constructora Copisa, S.R.L., tras confirmarse que presentó documentación bancaria falsa en el proceso de comparación de precios CEIZTUR-CCC-CP-2023-0001, convocado para la reconstrucción del muelle turístico de Miches, en la provincia El Seibo.
La sanción fue dispuesta mediante la Resolución RIC-197-2023, con fecha 26 de diciembre de 2023, y notificada los días 9 y 11 de enero de 2024 al proveedor, al Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República.
https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/inhabilitacion-37f552a3.png
Esta es la empresa que está a cargo de la pavimentación de la calle principal del sector Los Altos de Friusa, en Verón-Punta Cana, una obra que ha sido paralizada en múltiples ocasiones sin causas explicables, lo que ha generado indignación e impotencia en la comunidad local ante el abandono de los trabajos.
Falsificación confirmada
El proceso que dio origen a la sanción se basó en una denuncia del Ceiztur, tras descubrir que las certificaciones bancarias presentadas por Copisa en febrero de 2023 —aparentemente emitidas por el Banco de Reservas y el Banco Santa Cruz— eran falsificadas.
Ambas entidades confirmaron por escrito, y mediante acto de alguacil, que los documentos no eran auténticos, y que las firmas y sellos utilizados no correspondían a sus ejecutivos ni sucursales.
https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/whatsapp-image-2025-05-27-at-150833-1-a96d4673.jpeg
Según la Resolución RIC-197-2023, una de las certificaciones estaba firmada por un ejecutivo que había sido trasladado desde diciembre de 2022, mientras que el documento estaba fechado en febrero de 2023, lo que evidenció la manipulación.
Tras la emisión de dicha resolución, Copisa presentó un recurso de reconsideración el 23 de enero de 2024, el cual fue rechazado por Contrataciones Públicas mediante la Resolución RIC-132-2024, dejando firme la inhabilitación permanente de la empresa para participar en procesos de compras públicas en todo el país.
Contrato con Obras Públicas
https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/contrato-copisa-y-obras-publicas-31da9ede.png
Un hecho llamativo en el contexto de estas investigaciones es que, el 8 de diciembre de 2023, apenas un mes antes de que se notificara la decisión de Contrataciones Públicas, Copisa firmó un contrato por 200 millones de pesos con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la ejecución de obras viales en la provincia La Altagracia.
Según consta en el procedimiento CCC-LPN-2023-0015, correspondiente a una licitación pública nacional realizada por el Ministerio de Obras Públicas en 2023, el contrato establece trabajos de bacheo, reparación de caminos vecinales, limpieza de canaletas, construcción de badenes y colocación de alcantarillas, entre otras intervenciones.
Preciso es destacar que en ese momento, la empresa aún figuraba como proveedor habilitado, ya que la sanción no había sido registrada oficialmente en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Cambio de representación
Otro dato curioso, es que durante la etapa inicial del proceso, cuando el Ceiztur solicitó su inhabilitación —en fecha 08 de mayo de 2023—, Copisa figuraba representada por el señor Richard Antonio Luna Goris, quien fungía como gerente general y respondió en primera instancia a los requerimientos del comité del Ministerio de Turismo ante Contrataciones Públicas.
No obstante, en el contrato de adjudicación por 200 millones de pesos, fechado 8 de diciembre de 2023, Copisa aparece representada en el señor Fermín Rafael Domínguez de Jesús, quien además dirige el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), adscrito al Ministerio de Interior y Policía.
Domínguez de Jesús también asumió la defensa de Copisa en la etapa de reconsideración, lo que ha generado cuestionamientos por su doble rol como funcionario público activo y representante legal de una empresa sancionada por fraude documental en procesos estatales.
Este medio no pudo confirmar si luego de su inhabilitación ratificada más adelante por Contrataciones Públicas, los directivos de Copisa sometieron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, para lo cual tenían un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación como empresa invalidada para negociar con el Estado.
Fuente:
diariolibre.com