Por Jose Diaz 
Con la impresión creciente de que las pandillas haitianas no pueden ser controladas por las fuerzas de seguridad, el pasado miércoles medios dominicanos se hicieron eco de una publicación de The New York Times que revela que el Gobierno de Haití ha contratado al polémico contratista militar Erik Prince para liderar una ofensiva contra los grupos armados que dominan gran parte del país.
Prince, fundador de Blackwater Worldwide —empresa conocida por sus operaciones en Irak—, firmó un acuerdo con las autoridades haitianas para desplegar drones armados y contratistas privados con el objetivo de eliminar a los líderes de las pandillas.
Según el reportaje original, el equipo de Prince ha operado en territorio haitiano desde marzo utilizando drones, aunque sin resultados concluyentes hasta la fecha. Además, ha comenzado a reclutar veteranos haitiano-estadounidenses y se estima que unos 150 contratistas privados se desplegarán en el país durante el verano.
También se ha informado del envío reciente de armamento hacia Haití, lo que podría marcar un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno haitiano para recuperar el control territorial.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció en marzo pasado que un grupo de seguridad privada estadounidense colaborará en la seguridad del país, el cual registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo y cuyas autoridades se considera que han sido infiltradas por el narcotráfico.
El mandatario reveló que ha sellado una “alianza estratégica” con la empresa de Prince, con el objetivo de fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el narcoterrorismo y en la protección del espacio marítimo frente a la pesca ilegal.
No hace mucho tiempo, en julio de 2021, se produjo el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y dos años después se estableció que fue ejecutado por mercenarios.
El capitán en retiro del ejército colombiano, Germán Rivera, uno de los presuntos líderes del comando que asesinó al mandatario haitiano en Puerto Príncipe, se declaró culpable en Miami en septiembre de 2023.
Soldados de la fortuna en Ucrania
En el conflicto ucraniano, los mercenarios han asumido un papel protagónico. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde febrero de 2022 llegaron a Ucrania 13,387 combatientes extranjeros. Polonia, EE. UU., Georgia y Canadá figuran entre los principales países de origen.
Del lado ruso, el Grupo Wagner —fundado por Yevgeny Prigozhin— reunió hasta 50,000 combatientes en Ucrania antes de su disolución tras la muerte de su líder en 2023.
Su lugar fue ocupado por “La Española”, agrupación que, según publicó en abril del 2024 el diario ABC de España, “debe y puede hacer casi todo: realizar reconocimientos en tierra y desde el aire, cubrir al enemigo con lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados, ajustar la artillería, la aviación y mucho más”, al servicio de las autoridades rusas.
El jefe del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), Alexandr Bastrikin, informó el pasado 21 de mayo que casi 100 mercenarios, 11 de ellos estadounidenses, habían sido condenados en Rusia por su alegada participación como parte de las tropas ucranianas.
Precisó, además, que, como resultado de los juicios, 97 mercenarios procedentes de 26 países han sido condenados.
El medio digital Swissinfo.ch reprodujo la información, en la que se precisó que entre los mercenarios condenados se encuentra el colombiano Miguel Ángel Montilla Cárdenas, quien el pasado 24 abril fue sentenciado a nueve años de prisión por combatir en las filas ucranianas.
Cifra estimada de combatientes del desaparecido Grupo Wagner que murieron en la primera etapa de la guerra de Rusia en Ucrania.
El negocio de la guerra privatizada
En los conflictos armados contemporáneos, la figura del mercenario tradicional ha dado paso a las Empresas militares y de seguridad privadas (EMSP).
Así lo documenta el informe de un grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se alerta sobre el creciente papel que estas empresas desempeñan en zonas de guerra y postconflicto, difuminando las líneas entre los combatientes legales, los civiles y los intereses económicos.
Desde su creación en 2005, el grupo de trabajo ha investigado el uso de mercenarios como medio de violación de derechos humanos y obstáculo al derecho de los pueblos a la libre determinación.
En este contexto, las EMSP son definidas como entidades privadas que ofrecen desde seguridad armada hasta participación directa en operaciones militares ofensivas o defensivas.
Su proliferación -se argumenta- responde, en parte, a la reducción de las fuerzas armadas estatales y a la privatización de funciones tradicionalmente públicas en países como Estados Unidos y Reino Unido.
En territorios como Afganistán, Irak, Sudán, Somalia y Colombia, estas compañías han ocupado el vacío dejado por los ejércitos regulares. En muchos casos, operan en lo que el informe denomina “zonas grises”: espacios donde la distinción entre combatiente y civil es ambigua, con implicaciones graves para la aplicación del derecho internacional humanitario.
La antigua firma de seguridad Blackwater se cuela en la campaña electoral en Ecuador
Los servicios de las EMSP
La industria de las EMSP ofrece actualmente una vasta gama de servicios: protección de convoyes, entrenamiento militar, seguridad personal, operaciones encubiertas e incluso propaganda.
A menudo contratadas por gobiernos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones transnacionales y organismos internacionales, estas empresas operan con escasa supervisión.
En Irak, se estima que entre 20,000 y 50,000 contratistas privados armados extranjeros operaban durante la ocupación, incluyendo miles de ciudadanos de países como Colombia, Filipinas, Nepal y Rumania.
Estos trabajadores, muchos reclutados por agencias privadas o incluso empresas fantasmas, fueron enviados a zonas de conflicto con contratos que no especificaban claramente sus funciones armadas ni el entrenamiento requerido.
Del Cid Campeador a la Guardia Suiza
Historiadores han documentado que El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar (1048–1099), actuó como mercenario para los reinos de taifas, y que en tiempos de Napoleón Carl von Clausewitz y Antoine-Henri Jomini sirvieron en ejércitos extranjeros y son figuras clave del pensamiento militar moderno.
Otros ejercieron como símbolos de fidelidad. Entre estos se destaca la Guardia Suiza Pontificia. La revista The National Geographic recuerda que su origen se remonta al siglo XVI, cuando mercenarios suizos fueron contratados a cambio de una generosa paga.
Estos soldados combatían en grandes bloques de picas que acudían al combate apoyados por destacamentos de arcabuceros, convirtiéndose en los primeros soldados profesionales de Europa, documenta la publicación. Son los orígenes del cuerpo de seguridad encargado de cuidar la Santa Sede y al sumo pontífice.
En un documento que publica en su página, la organización establece: “En los últimos 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos han adoptado más de un centenar de resoluciones condenando las actividades de los mercenarios y a quienes recurren a ellos. En 1989 se alcanzó un hito con la adopción por la Asamblea General de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios”.
Reconoce en la introducción del informe que “los mercenarios y los actores relacionados con ellos no son un fenómeno nuevo, sino que han existido en diversas formas y situaciones desde tiempos inmemoriales”, y admite que “los intentos de abordar este fenómeno plantean una serie de cuestiones difíciles que no se han resuelto todas de manera concluyente”.
Fuente:
diariolibre.com