Por Jose Diaz 
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República no registrar ni aprobar ningún tipo de pago asociado a alrededor de 150 contratos suscritos en el marco de tres procedimientos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Los procedimientos a los que se refiere el órgano son INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 que fueron adjudicados para la confección y adquisición de zapatos escolares, poloshirts, pantalones escolares, mochilas y kits de útiles escolares, para su distribución durante los años escolares 2025-2026 y 2026-2027.
La institución recordó en una nota de prensa este martes que, en atención a la facultad que le confiere el artículo 71 de la Ley 340-06, instruyó en el mes de abril una investigación de oficio con el fin de verificar la legalidad de los procesos tras detectar indicios de irregularidades.
La DGCP reveló que el pasado 15 de mayo remitió a la Contraloría una comunicación en la que detalla algunos hallazgos preliminares que permiten identificar cuáles son los proveedores específicos involucrados en las presuntas irregularidades, cuyos contratos no deben ser registrados ni pagados hasta tanto se emitan las decisiones finales de las investigaciones en curso.
Al mismo tiempo, la entidad aclaró que esta cantidad puede disminuir o aumentar según progresen las investigaciones.
Dentro de los hallazgos preliminares figuran:
- Conductas anticompetitivas como la colusión
- Conflictos de interés por parte de varias empresas adjudicatarias
- Discrepancias en cuanto a los domicilios presentados por varios oferentes.
En estos tres procesos de licitación, se adjudicaron alrededor de 457 contratos para la adquisición de la referida utilería escolar.
Más irregularidades
Otras posibles irregularidades revelan la existencia de empresas adjudicatarias sin poseer el rubro correspondiente en sus constancias de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE); irregularidades en los criterios de evaluación y adjudicación; falta de claridad y contradicciones en los pliegos de condiciones y posible falta de publicación de las gestiones completas.
Derecho de defensa
La DGCP indicó que, entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025, informó a los proveedores adjudicatarios que tenían derecho a iniciar un procedimiento de investigación de oficio para defender sus contratos. Sin embargo, a la fecha, solo 12 adjudicatarios han ejercido su derecho de defensa.
“Vencidos los plazos para recibir los escritos de defensa, esta Dirección General cuenta con un plazo de 30 días hábiles para dictar los resultados preliminares de las investigaciones y notificar al Inabie, a los funcionarios y a las demás partes involucradas, para que presenten sus argumentos definitivos de defensa”, detalla la nota.
En ese sentido, la DGCP anunció que en los próximos días estará emitiendo los actos administrativos contentivos de los resultados preliminares de las investigaciones.
El órgano rector recordó que, paralelamente a esta investigación, trabaja en colaboración con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en otra investigación especial que incluye entrevistas a peritos y personal del Inabie, así como el intercambio formal de información relevante del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con la finalidad de identificar posibles responsabilidades de los actores que participaron en los procesos.
Fuente:
diariolibre.com