Por Jose Diaz 
El alcalde de Cabo Rojo, Puerto Rico, descartó la semana pasada tomar medidas disciplinarias contra el policía municipal que reportó a una mujer dominicana a las autoridades de inmigración durante una visita al ayuntamiento para registrar un pequeño negocio, al asegurar que su empleado no cometió ninguna irregularidad.
“Él no cometió ninguna ilegalidad. Tal vez se fue más allá de lo que nos corresponde, pero que hayamos dado una instrucción, pues no, porque a nosotros no nos corresponde eso”, declaró Jorge Morales Wiscovitch al periódico El Nuevo Día.
La mujer dominicana, identificada solo por el nombre de Aracelys, fue detenida el pasado 5 de junio y trasladada a Texas, donde espera su deportación, a pesar de contar con permiso para trabajar en Puerto Rico y estar protegida como sobreviviente de violencia doméstica, según denunció la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés).
El alcalde de Cabo Rojo, un municipio ubicado al suroeste de Puerto Rico, explicó que la policía local tiene un acuerdo con la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) para la protección de las costas, lo que, a su juicio, pudo llevar al oficial a malinterpretar el protocolo de colaboración con agencias federales.
- Cabo Rojo limita al sur con el mar Caribe y al oeste con el Canal de la Mona, que separa a Puerto Rico de República Dominicana.
“Algunos de ellos (agentes municipales) tienen relaciones con las agencias federales, porque nosotros participamos de un programa que se llama Stonegarden, y es posible que él entendió algo —no sé lo que pensaba— y decidió llamar”, comentó Morales Wiscovitch al medio puertorriqueño.
El representante municipal aseguró no haber estado en contacto directo con el oficial que denunció a la dominicana, identificado como José Toro, y agregó que no ha dado instrucciones para participar —o no participar— en las intervenciones migratorias que realiza el gobierno federal en la isla, que han afectado principalmente a la comunidad dominicana.
“Nosotros no tenemos las instrucciones de buscar en las casas o identificar en los comercios a personas para ver si son legales o ilegales. Nosotros no tenemos esa instrucción, porque no nos corresponde”, subrayó.
Morales Wiscovitch, miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), al igual que la gobernadora Jenniffer González, aseguró que el acto de Toro fue “por voluntad propia”, pero “esperaría que no se repita”.
La ACLU pide remover a oficial
A inicios de la semana pasada, la ACLU denunció el caso de Aracelys, asegurando que la mujer es una ciudadana dominicana con visa de trabajo aprobada y protegida como sobreviviente de violencia de género.
La directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, exigió que se investigue la detención de la dominicana, la cual calificó de “ilegal y racista”. Además pidió que el oficial Toro sea removido de sus funciones.
- “El caso de ella es un caso que nunca debió de ocurrir. Ella tenía todos sus documentos al día, tiene unos permisos de trabajo”, indicó Martínez Orabona.
“Los policías municipales no están preparados —porque ese no es su trabajo— para detener personas migrantes, ni para procesarlas, ni para analizar su caso. Así que este señor actuó fuera de su autoridad al detenerla y llamar a la Guardia Fronteriza”, agregó.
Tras su detención, según el medio, no había rastros de Aracelys en los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, la ACLU logró ubicarla en el Centro de Detención de El Paso, Texas, donde permanece retenida sin que se le hayan radicado cargos.
Fuente:
diariolibre.com