Por Jose Diaz 
Coroneles activos, generales retirados y empresarios figuran entre el grupo de 15 detenidos por el Ministerio Público involucrados en la Operación Lobo, según aseguran abogados defensores de los imputados.
Esta supuesta estructura delictiva se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas estatales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los arrestos se produjeron durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución.
Desmantelan red que obtenía contratos de seguridad privada con sobornos en las EDE, Inaipi y Senasa
Reacción de imputados
Algunos de los abogados de los imputados, como Carlos Balcácer y Carlos Mesa han restado importancia a las acusaciones.
«El único delito de mi defendido ha sido el dejarse doblegar por un grupo de «pandilleros» que le exigían a él dinero para que le salieran los cheques«, dijo Balcácer, defensor del imputado Kilvio Rodríguez, un empresario vinculado.
Según Balcácer, Kilvio es dueño de una compañía de seguridad, la cual debía erogar pagos para recibir los cheques de hasta 700 mil pesos por su servicio.
De su lado, el abogado Carlos Nova, defensor del primer teniente de la Policía Nacional, Wellington Peralta, dijo que este fue allanado a las 4:00 de la madrugada y trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Apuntó que a Wellington se le vincula por haber permitido que en la cuenta bancaria de su esposa -embarazada- un coronel de nombre no especificado, realizara más de seis depósitos de entre 250 mil y medio millón de pesos.
El coronel no especificado recibía los pagos por concepto de servicios de seguridad privada, según dijo el jurista.
«El coronel le pidió una cuenta para depositar un dinero y él (primer teniente) le facilitó la cuenta de su esposa, pero el desconocía la procedencia de esos depósitos«, aseguró Nova.
El representante legal manifestó que esta investigación viene desde diciembre de 2023.
El caso
La alegada estructura criminal presuntamente sobornaba a funcionarios encargados de contrataciones para asegurar servicios de seguridad en entidades como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edeeste y Edesur.
La denuncia que dio origen al caso fue presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
El Ministerio Público se prepara, para en las próximas horas, depositar la solicitud de medida de coerción contra los detenidos, acusados de violar varias disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Las autoridades adelantaron que la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones o allanamientos.
Fuente:
diariolibre.com