Por Jose Diaz 
El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, admitió, a través de su abogado, que durante años pagó sobornos a los militares que estaban a cargo de la seguridad y las compras de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), la ARS gubernamental Senasa y en el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), a fin de captar y mantener contratos para resguardar las instalaciones de esas instituciones públicas.
Según Carlos Balcácer, representante legal de Rodríguez González, el Estado “no ha perdido un peso”, pero sí su cliente, “la gran víctima” que debió pagar las exigencias de los funcionarios, que era de un 10 por ciento del valor total de la facturación mensual de su empresa.
Según el Ministerio Público (MP), los sobornos identificados ascienden, por el momento, a 108 millones de pesos entregados a los nueve imputados, ocho de ellos militares de alto rango.
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Por el cohecho, la red le eliminaba a Rodríguez González, propietario de Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), todas las trabas administrativas impuestas a otros empresarios que se negaron a entregarles dinero. De este modo, Rodríguez González garantizó la continuidad del negocio con el Gobierno.
Durante el período 2012-2020 y 2020-2025, Senase “pagó sobornos” a los funcionarios del Inaipi, Senasa y de las EDE, instituciones que “fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos”.
Agrega el MP que la empresa de Rodríguez González movilizó entre los años 2014 al 2024 la suma de más de 7 mil millones de pesos, “con un incremento patrimonial desproporcionado, que constituyen operaciones de lavado de activos que se reflejan en su patrimonio registrado”.
Los demás imputados
Los imputados de cobrar sobornos son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, y los coroneles Andrés Pacheco Varela (FARD), director de seguridad de Edenorte; Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste; Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad y del Comité de Compras de Inaipi, y el coronel Elías Caamaño Pérez, de Senasa.
También el coronel de la FARD Yorbyn Eduardo E. Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público (MP) dice que la contratación de seguridad privada se hizo pese a que las instituciones públicas afectadas “cuentan con departamentos de seguridad interna para velar por la protección de su personal, bienes y operaciones”. El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. La primera audiencia se aplazó para el próximo lunes a petición de los abogados de los imputados que solicitaron plazos para estudiar el expediente.Según el MP, en Edenorte se identificaron los sobornos del 2020 al 2025, y señala que Bolívar Nicolás Fernández Espinal, director de la Dirección de Seguridad Física “recibió la suma de RD$35,319,179.54, los cuales fueron transferidos a sus cuentas o a las de terceros, como a su esposa y otros parientes. En Edesur, el esquema operó “desde el año 2012 hasta el 2020”. En el caso de Senasa, desde el año 2016 hasta el año 2019, el coronel Elías Caamaño Pérez, “recibió” RD$3,032,505.34”. En tanto que en Inaipi, el monto ascienden 12.8 millones.
Fuente:
diariolibre.com