Por Jose Diaz 
Un resumen dinámico de las noticias que generaron mayor interés y debate entre nuestros lectores, para estar al día en pocos minutos. Incluye decisiones gubernamentales, visitas de especial trascendencia para el país, eventos políticos, acontecimientos del ámbito económico y social y datos curiosos.
Faride Raful enfrenta en la corte a Ingrid Jorge en defensa de su dignidad
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, coincidió este lunes con la comunicadora «la Torita» –Ingrid Jorge- en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, durante el inicio del proceso judicial por la querella de difamación e injuria que la funcionaria presentó en su contra. Raful alega que Jorge atentó contra su honra mediante afirmaciones falsas y amenazas de divulgar supuestos videos íntimos.
La audiencia fue encabezada por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, y tenía como fin decidir sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público: impedimento de salida del país y garantía económica. Sin embargo, la defensa de Jorge pidió aplazamiento para estudiar el expediente, alegando problemas de salud de su abogado.
Faride Raful asistió personalmente a la audiencia, lo que su abogado, Miguel Valerio, interpretó como un gesto de compromiso con el debido proceso y una señal de que el caso no responde a motivaciones políticas. Valerio dejó claro que se trata de una acción ciudadana para frenar el uso de plataformas digitales con fines de coacción y daño moral, y afirmó que no habrá espacio para acuerdos ni disculpas vacías
Además del caso contra la Torita, Raful mantiene una querella activa contra el youtuber Ángel Martínez, radicado en Estados Unidos, a quien también acusa de difamación. En ambas querellas, la ministra se ha constituido en actor civil y exige una indemnización de 100 millones de pesos, repartidos en partes iguales entre los acusados.
La acusación contra la Torita incluye como agravante el uso de redes sociales como Instagram y su canal de YouTube «La Tora TV», desde donde se habrían difundido amenazas y afirmaciones falsas sobre supuestos videos íntimos. Raful sostiene que dicho material nunca existió y fue utilizado como mecanismo de presión.
Coerción por la otra querella a la Torita. El miércoles, el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de 1 millón de pesos, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país por el caso de difamación e injuria contra el procurador adjunto Iván Feliz.
La querella que «la Torita» deberá enfrentar, interpuesta por la ministra de Interior y Policía, se conocería el próximo viernes 18.
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Avenida Lope de Vega: primeras restricciones a la izquierda entran en vigor con buena acogida
El domingo 7 de julio entró en vigencia la primera fase del proyecto de restricción de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega, en el Distrito Nacional. Aunque el lunes se observó cierta confusión entre conductores, el tránsito fluyó con normalidad en las tres intersecciones donde se aplicaron los cambios.
Las autoridades reportaron que la mayoría de los choferes acataron las rutas alternas diseñadas para mejorar la circulación vehicular. Las intersecciones intervenidas en esta etapa son Lope de Vega con Gustavo Mejía Ricart, Max Henríquez Ureña y Fantino Falco.
Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fueron apostados en las esquinas para orientar a los conductores. Aunque algunos mostraron confusión, en general se respetó la nueva disposición.
A las 9:30 de la mañana del lunes no se reportaron taponamientos en la avenida ni en las calles habilitadas como rutas alternas.
Esta es la primera de cuatro fases que se implementarán de forma progresiva, según el plan que ejecuta el gobierno a través de varias instituciones.
Algunos ciudadanos consultados valoraron positivamente la medida, mientras otros afirmaron que altera su ruta habitual. Varios opinan que su efectividad se podrá medir con mayor claridad cuando inicie el año escolar, periodo en que el flujo vehicular es más intenso.
Dos días después no se registraron mayores inconvenientes, aunque la mayor valoración debe esperar el inicio del año escolar 2025-2026.
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Senasa entre la expansión histórica y las críticas por morosidad: Gobierno y oposición chocan por el manejo del seguro estatal
El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha convertido en el eje central de un intenso debate político y técnico en la República Dominicana en el transcurso del mes de julio. Mientras la cobertura ha alcanzado cifras históricas, los retos financieros y administrativos se agudizan. La oposición exige mayor transparencia y control del gasto, mientras el gobierno asegura que está respondiendo a una demanda social legítima. En este escenario, la sostenibilidad del mayor asegurador público del país se convierte en un tema clave para el presente y futuro de la salud en República Dominicana.
En los últimos cinco años, el asegurador público ha experimentado un crecimiento sin precedentes, al pasar de 4.9 millones de afiliados en 2019 a más de 10.3 millones en 2024. Actualmente, Senasa cubre a cerca del 73 % de la población dominicana, equivalente a 7.6 millones de personas, según datos publicados por Diario Libre. A la par, su inversión en servicios de salud aumentó en un 148 %, al pasar de RD$24,279 millones a RD$60,274 millones en ese mismo período.
Sin embargo, el acelerado crecimiento de la afiliación ha generado dudas sobre la sostenibilidad financiera de la entidad. Con cifras atribuidas a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) reportó que la morosidad de Senasa con prestadores privados pasó de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023, manteniéndose en 44 % durante el 2024.
También se ha revelado un déficit acumulado de RD$2,077 millones para este año, lo que ha afectado los pagos a clínicas, laboratorios y médicos. Desde la oposición, la Fuerza del Pueblo ha denunciado que la situación refleja una «crisis de gobernanza» derivada del uso político de los programas sociales de salud.
El expresidente Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo, acusó al gobierno de utilizar Senasa con fines clientelistas. “Eso fue lo que ocurrió, se utilizó el programa con fines electorales y ahora resulta que no encuentras los fondos para atenderlo”, declaró el 5 de julio. Fernández ha pedido una revisión profunda de la administración del seguro, y responsabilizó al actual gobierno del déficit financiero, aunque Diario Libre aclara que Senasa ha arrastrado déficits desde las gestiones pasadas del propio Fernández y de Danilo Medina.
En respuesta, la dirección de Senasa y el gobierno han defendido la gestión actual. Según cifras oficiales, en 2024 se desembolsaron RD$35,879 millones a hospitales y centros diagnósticos privados —un aumento de 224 % respecto a 2019—, y RD$5,220 millones a médicos privados, lo que representa un incremento del 541 %. Solo en el primer cuatrimestre de 2025 ya se han pagado RD$30,271 millones, de los cuales RD$12,347 millones fueron destinados a clínicas privadas. La institución asegura que esta inversión demuestra su compromiso con el acceso universal a servicios de salud.
El presidente Luis Abinader también salió al frente de las críticas y defendió la vocación social de Senasa. “Senasa no es un negocio; Senasa es una misión. Mientras yo sea presidente, nunca faltará cobertura de Senasa para los dominicanos”, afirmó recientemente. Abinader recalcó que el gobierno ha reforzado la inversión para garantizar los servicios, y que los recursos seguirán fluyendo hacia el asegurador estatal.
Por su parte, la exministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, quien dirigió el sector durante la expansión inicial de Senasa, ha abogado por el diálogo con los gremios y recordó que el fortalecimiento del sistema público de salud exige inversiones sostenidas y una meta de gasto del 5 % del PIB.
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Haití vuelve a acaparar titulares en Diario Libre ante el avance de su crisis y sus repercusiones
El inicio de esta semana estuvo marcado por nuevas tensiones en la frontera domínico-haitiana, luego de que circularan informaciones sobre un supuesto acercamiento de bandas armadas haitianas en las inmediaciones de la provincia Elías Piña, lo que generó preocupación en la población. El presidente Luis Abinader, en su encuentro semanal con la prensa, aseguró que «la frontera de Elías Piña está segura y va a estar segura, pase lo que pase del lado haitiano», en respuesta a los cuestionamientos sobre la creciente inseguridad en el vecino país.
La violencia de las pandillas volvió a estremecer a Haití con la destrucción total del histórico hotel Oloffson, un emblema cultural y turístico ubicado en Puerto Príncipe. La edificación fue reducida a cenizas tras un incendio provocado por miembros de la coalición armada Viv Ansanm, liderada por el temido Jimmy Chérizier, alias Barbecue. Este ataque representa otro golpe simbólico a la identidad haitiana, en un país donde el caos de las bandas ha desplazado toda noción de orden institucional.
El hotel Oloffson, que alguna vez recibió a celebridades internacionales y fue inmortalizado en la novela Los Comediantes, de Graham Greene, llevaba meses cerrado por la violencia en el barrio Carrefour-Feuilles. La destrucción ocurrió la noche del sábado 5 de julio, sin que se reportaran víctimas, pero con un enorme valor simbólico por tratarse de una estructura construida en el siglo XIX y vinculada incluso a antiguos presidentes haitianos.
Medios como Le Nouvelliste lamentaron el hecho como una pérdida irrecuperable del patrimonio haitiano. Diario Libre relató la vida cultural que cultivó el hotel y sus visitantes internacionales y locales.
A esta crisis estructural se suma una transformación silenciosa en la vida de miles de haitianos que residen en la República Dominicana. Según una crónica publicada por Diario Libre, muchos inmigrantes indocumentados han optado por «salir del radar público» y adaptarse a vivir en la sombra. Temen ser apresados, deportados o extorsionados durante operativos migratorios, lo que ha provocado cambios profundos en su rutina y movilidad.
Desde 2024, y especialmente tras la implementación de un protocolo especial en hospitales públicos en abril de 2025, muchos haitianos han limitado sus desplazamientos y evitan el transporte público, prefiriendo caminar lo menos posible o recurrir a medios privados.
Esta realidad evidencia cómo el conflicto haitiano, además de tensar la frontera y generar episodios de alarma en territorio dominicano, también repercute en el tejido social interno del país. Mientras las bandas continúan desestabilizando el Estado haitiano, los inmigrantes que han escapado de esa violencia se enfrentan a un sistema migratorio más estricto y, en muchos casos, a la invisibilidad forzada como mecanismo de supervivencia.
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Tony Velázquez, portavoz de la DEA para la región del Caribe, explicó las operaciones del cártel de Sinaloa en la República Dominicana
El vocero de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para la región del Caribe, Tony Velázquez, respaldó las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la ausencia de operaciones del Cártel de Sinaloa en República Dominicana, aclarando que no existe una estructura activa de narcotráfico vinculada a dicha organización en el país.
“El presidente tiene mucha razón en lo que está diciendo. El presidente no está mintiendo”, afirmó Velázquez en entrevista con medios locales.
“Nosotros seguimos colaborando y trabajando con el DNCD y las autoridades dominicanas, con todo el componente de justicia del pueblo de la República Dominicana, pero el presidente tiene toda la razón en lo que menciona, que no hay ninguna garra del cártel de Sinaloa en la República Dominicana”.
El funcionario explicó que, aunque individuos relacionados con el grupo criminal estuvieron en territorio dominicano a inicios de 2025, no se trató de una operación estructurada ni de presencia orgánica del cartel.
“En ningún momento dijimos que había una actividad de narcotráfico en República Dominicana atribuible al cártel de Sinaloa”, precisó.
El vocero también destacó la cooperación bilateral en materia de inteligencia: “Cuando el presidente habla y exactamente menciona que no hay un vínculo estrecho o no hay una actividad de narcotráfico de parte de Sinaloa, el presidente está en lo correcto y diciendo lo que es. Está diciendo la realidad y lo podemos apoyar tanto con inteligencia de ellos como nuestra”.
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Intrant acusa a Dekolor de intento de soborno por millonario contrato de licencias
La empresa Dekolor SRL volvió a ocupar titulares en los medios durante esta semana por el caso del supuesto intento de soborno con hasta un millón de dólares al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, para obtener una prórroga del contrato de emisión de licencias de conducir, según una querella penal presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La denuncia, interpuesta por el propio Morrison, también señala que la empresa ofreció pagos mensuales de tres millones de pesos durante cinco años para mantenerse como proveedor del servicio.
Los intentos de soborno no se limitaron a una sola visita, según la acusación. En enero de 2025, Dekolor envió a dos emisarios —Bolívar Batista Taveras y Georges Virgilio Ortiz Reyna— con propuestas económicas que ascendían hasta 30 millones de pesos iniciales, además de dos millones mensuales. Ambos ofrecimientos fueron rechazados por Morrison, quien explicó que el contrato no podía ser renovado sin violar la ley, pero que la empresa tenía derecho a participar en la nueva licitación pública que estaba en curso.
La querella también detalla que, tras el cambio de gestión en el Intrant, se detectaron múltiples irregularidades en los contratos vigentes. Una de las más graves involucraba a la empresa PagoRD Xchange SRL, encargada del procesamiento de pagos ciudadanos, vinculada operativamente a Dekolor.
El sistema habría sido modificado para que esta empresa privada retuviera el 90 % del valor de las transacciones, dejando solo un 10 % al Estado, generando una posible pérdida de 730 millones de pesos.
Como resultado de estas irregularidades, el Intrant eliminó la contratación de PagoRD Xchange y convocó a una nueva licitación con un presupuesto estimado en 8,175 millones de pesos para los próximos cinco años. Este proceso comenzó el pasado 10 de abril de 2025 y busca transparentar los servicios de cobro y expedición de licencias que, por dos décadas, fueron controlados por Dekolor.
Otra acusación incluida en la querella apunta a intentos de influir sobre funcionarios del Intrant a través de regalos navideños. Según el documento, en diciembre de 2024 Dekolor envió sobres con dinero a empleados clave del área financiera, entre ellos 200,000 pesos al director administrativo financiero, César Nicolás Bobadilla Peralta, y 150,000 pesos al encargado financiero, Rolando Moronta Santos. Los pagos habrían sido gestionados mediante intermediarios de confianza de la empresa.
El contrato original con Dekolor fue firmado en enero de 2020 con una vigencia de cinco años. Ante la cercanía de su vencimiento, la empresa habría recurrido a múltiples estrategias —desde ofertas económicas hasta presión directa— para evitar su salida del sistema. El Intrant ha calificado los hechos como presuntos delitos de soborno, estafa, asociación de malhechores y chantaje electrónico, y ha solicitado a las autoridades judiciales investigar a fondo las operaciones de Dekolor SRL.
Fuente:
diariolibre.com