Por Jose Diaz 
La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura la modificación a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, que ahora pasa al Senado. Aunque se le incluyeron cambios, el sector empresarial mantiene posiciones divididas: algunos valoran los avances, mientras otros alertan sobre posibles efectos negativos para las mipymes.
Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, valoró hoy el esfuerzo legislativo, pero pidió una evaluación objetiva del texto.
“En su origen, esta ley fue fruto de un amplio proceso multisectorial que sentó las bases para la sostenibilidad. Amerita analizarse el texto aprobado para objetivamente evaluar impactos”, señaló.
Los diputados bajaron el monto de las contribuciones para el manejo de los residuos que establecieron los senadores; aún así, hubo quejas: las empresas con ingreso de hasta un millón de pesos pagarán 3,000 pesos; los que ganen hasta 10 millones pagarán 6,000 pesos.
Las que reporten hasta 25 millones pagarán una cuota de 20,000 pesos. Las que ganen hasta 100 millones pagarán 675,000 pesos.
La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), que apoya la postura del Conep, reiteró su preocupación por diversas particularidades del proyecto que, en el contexto actual, sostiene que representan un riesgo para la competitividad del país y para la sostenibilidad de sectores productivos clave, como el de zonas francas.
«Advertimos sobre el impacto negativo que tendría el incremento desproporcionado de tarifas y de los costos de cumplimiento que plantea el proyecto. Estas medidas no solo podrían generar distorsiones en el clima de inversión, sino que también podrían desincentivar los esfuerzos e inversiones del sector privado en proyectos de sostenibilidad y protección ambiental», señaló.
También, la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (Adiplast) destacó la apertura al diálogo durante la discusión en la Cámara de Diputados y reconoció el trabajo de su presidente, Alfredo Pacheco, y del diputado Juan Medina, quien presidió la comisión especial que lo estudió.
José María Munné, director ejecutivo de Adiplast, mencionó avances importantes en la propuesta aprobada, como la incorporación del ecodiseño, el uso de resina reciclada, la regulación del foam no biodegradable y el fortalecimiento de la responsabilidad extendida del productor.
“Reiteramos el compromiso de la industria del plástico de continuar adoptando buenas prácticas, sustentadas en evidencia técnica y experiencia internacional”, dijo.
AIRD: diálogo sí, pero se necesitan ajustes
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) también valoró el diálogo abierto durante el proceso legislativo, pero expresó su “profunda preocupación” por lo que consideran un aumento desproporcionado en la contribución especial que pagaría el sector.
“Los montos aprobados siguen siendo desproporcionados. En ningún espacio se nos ha explicado el razonamiento detrás de este ejercicio. Sobre el particular, incluso hemos propuesto que fondos públicos que reciben instancias con objetivos similares a los del Fideicomiso DO Sostenible sean incluidos en esta ecuación, tales como los que maneja ECO5RD entidad creada por Decreto 28-23”, advirtió Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Dijo que la AIRD confía en que el diálogo en el Senado continuará de manera plural y transparente, consciente de que todavía hay oportunidad de seguir mejorando el documento, resaltando que aún se mantienen algunas contradicciones a mejores prácticas internacionales en torno a la gestión de residuos.
“El Senado todavía puede hacer ajustes al documento y abordar algunos de los aspectos considerados como anticompetitivos por la Comisión de Defensa de la Competencia en su informe público sobre el tema, incluyendo aspectos de carácter contractual que no necesariamente deberían ser parte de una legislación como esta”, concluyó Pujols.
Codopyme: “Esto es una embestida económica”
En un tono mucho más crítico, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) advirtió que la ley, como está redactada, “representa una amenaza directa y letal para la sostenibilidad de más de un millón de mipymes”.
“El proyecto, tal como está redactado, impone cargas económicas excesivas, fomenta monopolios en la gestión de residuos y excluye por completo a las mipymes de los procesos de decisión sobre fondos públicos que ellas mismas deberán financiar”, declaró Codopyme.
La organización señaló que el proyecto hace un aumento desproporcionado en la contribución especial sin estudios técnicos ni capacidad de pago del sector, inobservando la existente Ley 187-17 de clasificación empresarial, y la prohibición de autogestión de residuos por parte de pequeñas empresas, limitando iniciativas comunitarias o alianzas como NUVI.
También, cuestiona que crea un fideicomiso público controlado por operadores privados, sin representación de las mipymes, y también la imposición de un único relleno sanitario por provincia y una sola planta de valorización por región, «promoviendo prácticas monopólicas» que perjudican a los pequeños actores.
“Esto no es una mejora técnica: es una embestida económica. El Congreso debe saber que, si aprueba este proyecto en su forma actual, estará firmando la sentencia de quiebra para miles de pequeñas y medianas empresas que ya operan en condiciones adversas, con alta carga impositiva y escaso acceso a financiamiento”, sostuvo Codopyme.
La organización reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que no respaldará ninguna legislación que excluya a las mipymes de los procesos y que no contemple una estructura de costos proporcional y realista.
“No puede haber sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Y no puede haber desarrollo nacional si el 98 % del tejido empresarial colapsa por decisiones mal diseñadas”, indicó.
Fuente:
diariolibre.com