Por Jose Diaz 
A partir de septiembre de 2025, las instituciones del Estado que no alcancen un mínimo de 85 puntos en las evaluaciones de sus portales de transparencia serán sancionadas, informó este jueves la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
Las medidas forman parte de la implementación del decreto No. 166-25.
Según señaló la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, a través de una nota de prensa, el decreto establece que los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades en materia de transparencia, según lo indicado en la matriz de responsabilidad informacional, quedarán excluidos del pago de la compensación extraordinaria.
Además, la normativa dispone que las metas de cumplimiento en transparencia serán incorporadas a los acuerdos de desempeño individual de los servidores públicos, representando un valor de 16 puntos dentro del puntaje total de evaluación. Estas metas deberán ser integradas por las direcciones de recursos humanos de cada institución, bajo la supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Asimismo, se señala que La Digeig distribuirá la matriz de responsabilidad de aplicación de la Ley No. 200-04 a los órganos y entes del Poder Ejecutivo, los cuales deberán completarla y devolverla en un plazo no mayor de 30 días laborables, junto con los criterios para asegurar el cumplimiento de la transparencia activa y pasiva.
Uso obligatorio del SAIP
Uno de los puntos clave es el uso obligatorio del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), que funcionará como plataforma oficial para recibir, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes.
La matriz de responsabilidad informacional especifica qué información debe publicarse, quién la entrega, cuándo y cómo debe entregarse, y quién es el responsable de subirla al portal de transparencia, incluyendo los plazos establecidos. Esta información debe estar disponible en formatos accesibles como Excel, PDF o documentos físicos.
La Digeig será responsable de distribuir esta matriz a todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo, que deberán completarla y devolverla en el plazo referido.
Ortiz Bosch subrayó que la nueva normativa es fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad. “La Ley No. 200-04 establece el derecho que tiene el ciudadano a conocer el gasto y las inversiones de las estructuras públicas. Darle seguimiento permanente a esta ley, obliga también al Gobierno a servir los datos de manera eficiente y que puedan ser reutilizados por los ciudadanos”, señaló Milagros.
Finalmente, advirtió que infringir en cualquiera de las disposiciones de la normativa podrá ser, además, castigadas administrativamente, acorde a la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 41-08 de Función Pública, con inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta prisión.
Fuente:
diariolibre.com