Por Jose Diaz 
Con el apuro de aprobar una reforma al vetusto Código Penal en la actual legislatura extraordinaria, los diputados encabezan constantes reuniones con las autoridades de la Procuraduría para evaluar sus propuestas y someter algunos ajustes al texto antes de reenviarlo al Senado para su aprobación final.
Desde el 25 de julio, una comisión consultiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el congresista Wandy Batista, se ha reunido con la procuradora Yeni Berenice Reynoso para discutir sus observaciones a la pieza que, según el último conteo, ya se registran en más de 40 propuestas de modificaciones.
Las sugerencias de cambios de la Procuraduría se suman a otra larga lista de 140 modificaciones que el mismo órgano persecutor envió al Congreso y que fueron acogidas en su mayoría. No obstante, tras la aprobación en primera lectura por parte de los diputados, el Ministerio Público continúa agitando la pieza con más cambios.
“El Estado no es un antagonismo entre sus poderes, somos parte del mismo cuerpo”, expresó el diputado Batista al enfatizar que, aunque los congresistas tienen la potestad exclusiva de legislar, escuchar las posiciones del Ministerio Público puede enriquecer el contenido del Código Penal antes de que retorne al Senado.
Batista aseguró que el objetivo es entregar al país una norma que funcione desde ambos lados: tanto para quienes la aplican como para quienes la reciben.
Según el coordinador de la comisión, entre los puntos en revisión figuran aspectos de redacción, nuevas escalas de penas y artículos con cuestionamientos técnicos.
Uno de los casos concretos es el artículo que permitía a una persona arrestada grabar su detención. Batista consideró que esta disposición, como argumentó la Procuraduría, es improcedente ya que, si una persona está siendo arrestada, debe estar esposada, lo que la imposibilita filmar su detención.
Cambios en penas
El diputado Eugenio Cedeño, quien es integrante de la comisión, explicó que gran parte de las propuestas del Ministerio Público no son cambios radicales, sino correcciones técnicas y adecuaciones para mejorar la coherencia jurídica del Código Penal, aunque reconoció que hay algunas modificaciones profundas.
Un punto crucial es el tratamiento del feminicidio. Según Cedeño, el Ministerio Público insistió en que ciertas características que en el proyecto bastaban para tipificar un feminicidio pasaran a ser consideradas circunstancias agravantes.
Por ejemplo, el proyecto aprobado por los legisladores establece, en el único párrafo del artículo 93, que los signos de violencia sexual, mutilación genital, la exposición del cuerpo de la mujer o la necrofilia “son circunstancias que determinan los hechos feminicidas”.
En contraste, la propuesta de la Procuraduría busca que más que circunstancias, los hechos descritos sean considerados como “casos agravantes” que pueden provocar el aumento de las penas por los feminicidios.
Escala de sanciones
En cuanto a las penas, los comisionados explicaron que se revisaron las escalas completas y algunas que antes eran de uno a tres años de prisión, pasarán a ser de uno a cinco años. Mientras que las que contemplaban cuatro a 10 años, ahora irán de cinco a 10 años.
Además, con la Procuraduría se abordó el derecho a una llamada tras ser arrestado. El proyecto que aprobó el Senado eliminó la posibilidad de contactar a una “persona de confianza” al momento de un arresto, limitando el derecho a contactar solo a familiares. Según Cedeño, se busca reintroducir ese derecho antes de aprobar el Código Penal en una segunda lectura en la Cámara Baja.
También, la Procuraduría y los diputados discuten el artículo de las revisiones injustificadas de vehículos por parte de autoridades como fiscales o agentes policiales. El Código aprobado en el Senado permite inspecciones en base a una “causa probable” por faltas graves, pero los diputados quieren que se cumpla el debido proceso y que los autos solo puedan ser inspeccionados con una orden judicial.
Falta proceso y hay poco tiempo
Aunque el Senado ya aprobó el proyecto totalmente, la Cámara de Diputados ha decidido tomarse su tiempo para corregir y afinar detalles. Para ello, solicitó al presidente Luis Abinader una legislatura extraordinaria vigente hasta el 5 de agosto que dará un tiempo necesario para modificar la pieza, aprobarla y reenviarla al Senado.
“El pueblo dominicano tiene que saber que esta es una pieza legislativa en proceso. No está lista todavía y lo que ha dicho la Procuraduría son solo propuestas”, insistió el diputado Wandy Batista.
Batista confía en que el Código Penal podría ser aprobado “muy probablemente esta semana”, pero dejó claro que no se trata de un proceso mecánico ni automático.
Cuando la Cámara de Diputados concluya sus discusiones con la Procuraduría, deberá aprobar el Código Penal en una segunda discusión. Como sufrirá cambios en el texto, los reglamentos ordenan que la pieza sea devuelta a donde originalmente nació: en el Senado. Si la Cámara Alta aprueba los cambios, la iniciativa iría al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Fuente:
diariolibre.com