Por Jose Diaz 
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que los procesos judiciales que ha iniciado contra los creadores de contenido Ingrid Jorge y Ángel Martínez por presunta difamación no se limitan a un conflicto personal o mediático, sino que forman parte de un intento más amplio por identificar quiénes están detrás de una estructura organizada que, según sostiene, se dedica a montar campañas de descrédito en contra de figuras públicas.
Raful declaró este miércoles que su interés es que la investigación y el juicio de fondo revelen si existe una estructura financiada con fines políticos o de otra índole.
“Lo importante de todo esto es que se diga realmente quiénes están detrás y quiénes financian”, expresó durante una entrevista en el programa El Día.
Aseguró que esa es la razón por la cual decidió continuar con los procesos y no optar por una conciliación, pues a su juicio “con la dignidad no se concilia”.
“Esto no se trata de Ángel Martínez o Ingrid Jorge solamente”, dijo. “Yo pienso que esto va a arrojar quiénes son los miembros de esa estructura, cómo ha funcionado, quiénes los han financiado, desde dónde han recibido financiamiento”.
“Hay una estructura detrás”
En varios momentos de la entrevista, Raful reiteró que, desde su perspectiva, se trata de un patrón de ataques sistemáticos que no surgió de manera espontánea ni aislada. En sus palabras, se trata de una “industria del descrédito” que estaría funcionando con respaldo de personas ligadas a distintos sectores políticos.
“No puedo decir que se trata de un partido político en específico”, aclaró, “pero sí hay personas vinculadas a partidos, incluso al mío, que han fomentado este tipo de basura que se comenta en los medios de comunicación”.
Cuando se le preguntó si creía que el objetivo era anularla políticamente, respondió: “Yo creo que sí. Siempre ha habido luchas internas, de dentro y fuera, donde a veces uno se convierte en objetivo”.
Rechaza que se trate de una disputa de egos
Raful también abordó el efecto emocional y familiar que estos ataques han tenido en su entorno. Dijo que, si bien está acostumbrada a la confrontación política, su preocupación aumentó al ver el impacto en su hijo, sus padres y demás familiares.
“Yo estoy clara en lo que soy. Eso no me perturba. Pero si mi hijo o mi padre se ven afectados por un invento, ahí hay un límite que no se puede permitir”, expresó.
Aseguró que este tipo de prácticas no solo dañan la dignidad de las personas, sino que degradan el ejercicio del periodismo y la comunicación, particularmente cuando quienes difunden las informaciones lo hacen sin pruebas.
“Yo he estado en los medios más de 20 años. Uno estudia, uno respeta el micrófono. Cuando tú ves que alguien dice lo que sea sin ninguna consecuencia, eso también afecta al periodismo responsable en este país”.
Procesos en curso y medidas impuestas
En la entrevista, Raful confirmó que ambos casos, tanto contra Ángel Martínez como contra Ingrid Jorge, están en manos de la justicia y que ya fueron impuestas medidas de coerción a los imputados, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica ante el tribunal.
Según explicó, las medidas buscan garantizar que los imputados no se sustraigan del proceso mientras el Ministerio Público profundiza la investigación y se encamina al juicio de fondo.
También confirmó que las querellas están siendo manejadas por la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y que, por tratarse de un caso de posible estructura organizada, se están realizando interrogatorios adicionales y recabando evidencia sobre posibles patrocinadores.
Fuente:
diariolibre.com