Por Jose Diaz 
Australia ha ampliado su ofensiva contra el uso de redes sociales por parte de menores de edad al incluir a YouTube en la lista de plataformas prohibidas para adolescentes menores de 16 años, pese a las advertencias legales de Alphabet, empresa matriz del gigante de videos.
La medida, impulsada por la Comisionada de Seguridad Electrónica (eSafety Commissioner), se suma a una legislación aprobada a finales del año pasado que ya prohibía el registro de menores en servicios como Instagram, TikTok, X (antes Twitter), Facebook y Snapchat.
La ley, que entrará en vigor en diciembre, obliga a las empresas tecnológicas a verificar la edad de sus usuarios y desactivar las cuentas existentes de menores de 16 años. De no hacerlo, se exponen a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 33 millones de dólares estadounidenses).
En un principio, YouTube había quedado exento por su papel en la educación y el entretenimiento infantil, pero un estudio reciente determinó que es la plataforma en la que los menores reportan con más frecuencia haber estado expuestos a contenido dañino. La comisionada argumentó que esa evidencia no puede ser ignorada, lo que llevó al gobierno a incluirlo dentro del marco restrictivo.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendió la decisión en rueda de prensa: “No podemos controlar el océano, pero sí podemos vigilar a los tiburones. Por eso no cederemos ante amenazas legales cuando se trata de proteger el bienestar de los niños australianos”. Wells comparó la crianza digital con enseñar a nadar en mar abierto sin salvavidas. “Queremos que los niños sepan quiénes son antes de que las plataformas decidan por ellos”.
Alphabet ha manifestado su inconformidad en una carta enviada al Ejecutivo, advirtiendo que considera acciones legales, al tiempo que criticó la decisión por contradecir el acuerdo previo que dejaba fuera a YouTube del alcance de la ley. “Estudiaremos los próximos pasos y continuaremos el diálogo con el gobierno”, indicó la compañía.
Aunque la medida no bloquea el acceso a YouTube, sí impide que los menores de 16 años se registren, lo que les restringirá el contenido personalizado y dificultará el contacto con videos inadecuados. Las plataformas, además, deberán tomar “medidas razonables” para prevenir que los adolescentes burlen las restricciones, una tarea nada sencilla en un entorno digital donde la verificación de edad sigue siendo un reto pendiente.
Una tendencia global en construcción
La iniciativa australiana se produce en medio de un creciente debate global sobre la relación entre salud mental juvenil y redes sociales. Varios países han comenzado a adoptar medidas similares, en distintos grados de rigor.
En Estados Unidos, al menos una decena de estados —incluidos Utah, Arkansas y Luisiana— han aprobado o propuesto leyes que exigen el consentimiento parental para que los menores se registren en redes sociales o que imponen verificaciones de edad más estrictas. En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó en marzo una ley que prohíbe directamente a menores de 14 años tener cuentas en redes sociales, aunque está siendo cuestionada en tribunales.
En Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) estableció en 2021 un “Código de diseño apropiado para la edad”, que obliga a las plataformas a adaptar sus servicios para proteger a usuarios menores de edad, limitando la recolección de datos y desactivando funciones de geolocalización por defecto.
- Francia, por su parte, aprobó recientemente una ley que impone a los padres la obligación de autorizar la creación de cuentas en redes sociales a menores de 15 años, con sanciones para las plataformas que no lo cumplan.
En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) obliga desde febrero de 2024 a las grandes plataformas a reforzar sus sistemas de verificación de edad y limitar la exposición de menores a contenidos nocivos.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, informó que tiene previsto celebrar encuentros bilaterales en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en septiembre para exponer los avances del país y compartir experiencias legislativas. “Esto no es solo un tema australiano”, declaró, “sino una preocupación compartida por todas las democracias que quieren proteger a sus jóvenes de los riesgos del entorno digital”.
El debate que aún falta dar
Sin embargo, el debate global tiende a eludir una pregunta de fondo: ¿cómo proteger de manera efectiva a los menores —y a la sociedad en su conjunto— frente a plataformas que no quieren asumir responsabilidad alguna por los contenidos que promueven y monetizan. Las grandes tecnológicas insisten en definirse como simples intermediarios, no editores, lo que les permite esquivar consecuencias legales por la difusión de desinformación, violencia, retos peligrosos o discursos de odio.
Mientras no se altere esa arquitectura de impunidad —basada en modelos de negocio que premian la adicción, la polarización y el escándalo—, las prohibiciones por edad seguirán siendo parches sobre una fractura estructural. La verdadera discusión no es si un niño de 15 años puede o no tener una cuenta, sino quién controla los algoritmos que moldean su mundo emocional y cognitivo en tiempo real.
Fuente:
diariolibre.com