Por Jose Diaz 
El Poder Ejecutivo, representado por la Presidencia de la República, es el órgano que presenta el mayor atraso en el cumplimiento de sus compromisos en el Pacto Eléctrico, habiendo terminado solo uno de los nueve asignados, cinco no los ha iniciado y solo tres están en proceso.
El Ejecutivo tiene la responsabilidad, principalmente, de promover una serie de modificaciones o ratificaciones legislativas vinculantes al sector eléctrico y cambios en la política de subsidios, pero a pesar de haber transcurrido cuatro años de la firma del documento no ha puesto en marcha la gran parte de sus tareas.
Así está contenido en el primer Informe anual 2024 de veeduría y seguimiento del Pacto Eléctrico-RD, presentado ayer, y en el cual se muestra la evaluación sobre los resultados de la implementación de los 167 compromisos asignados a 11 instituciones compromisorias.
El documento establece que, del total de tareas asignadas a las diferentes instituciones, solo 15 de ellas no se han iniciado, 91 están terminadas y 57 se encuentran en proceso. En tanto, hay cuatro que los investigadores no lograron obtener información sobre su estatus.
De sus asignaciones, la Presidencia solo ha ejecutado la ratificación por ley de la creación de las empresas de Transmisión Eléctrica Dominicana y la de Generación Hidroeléctrica Dominicana.
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Sin embargo, la definición de una nueva política de subsidios en función del Índice de Calidad de Vida y el nivel de consumo de electricidad de una vivienda en condiciones de pobreza, ponerla en vigencia e integrar el Sistema Eléctrico Nacional al Sistema Nacional de Emergencias, con personal capacitado en el área para responder a situaciones de riesgos, son parte de los acuerdos que el Ejecutivo no ha cumplido.
De igual forma, en materia normativa debe proponer la derogación de varios párrafos del artículo 108 de la Ley 125-01 General de Electricidad, así como el artículo 139 del Reglamento General de Electricidad y la revisión del capítulo III del título X del Reglamento de Aplicación de la citada legislación.
En proceso
Entre las obligaciones que el Ejecutivo está en proceso de cumplir está la conformación de una comisión para coordinar los trabajos de mejora del alumbrado público y la remisión al Consejo Económico y Social de las propuestas de modificaciones de textos legales que se entienden necesarias para cumplir con lo pactado.
Además, debe someter iniciativas legislativas necesarias para garantizar la coherencia en la separación de las actividades institucionales en el sector eléctrico.
Durante la presentación del informe, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó los beneficios logrados con la implementación del Pacto Eléctrico, citando entre ellos la mejora en la calidad del servicio, resaltando la reducción en las interrupciones; aumento en la cobertura del servicio energético, con el 99.3 % de la población con acceso al servicio.
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Santos valoró como positivo el aumento del suministro eléctrico, que está en un 98.2 %, la diversificación de la matriz de generación, entre otros.
Desafíos
El informe identifica desafíos de manera general y persistentes, que requieren atención prioritaria, como la necesidad de fortalecer la gobernanza y la transparencia en la gestión del sector eléctrico, así como la implementación efectiva de políticas y regulaciones sostenibles a largo plazo.
“La falta de evidencia en 33 compromisos y el hecho de que ocho no hayan iniciado sus compromisos, destacan desafíos significativos en el cumplimiento del Pacto Eléctrico-RD”, puntualiza el documento.
Además de Santos, a la presentación de los resultados del estudio asistieron otros funcionarios del sector eléctrico, incluyendo el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, Celso Marranzini; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, entre otros.
Fuente:
diariolibre.com