Por Jose Diaz 
Más de una treintena de organizaciones firmaron una carta dirigida al presidente Luis Abinader, en la que expresan su preocupación por la aprobación en el Congreso del nuevo Código Penal que, según los firmantes, «contradice su política de gobierno y amenaza con una regresión en materia de derechos humanos«.
En la misiva, dada a conocer este viernes, solicitan al mandatario que, cuando le sea remitida la ley, la observe y devuelva al órgano legislativo para su revisión, recomendando que se tomen en cuenta los artículos 377, 141, 124, párrafo IV; los del 109 al 112 y el 173, establecidos en el proyecto.
En el documento detalla cada aspecto que entienden debe ser considerado, iniciando con el artículo sobre el espionaje (377), en el que señalan que “la imprecisión y ambigüedad del artículo, incluso al establecer los conceptos de confidencialidad y de intereses fundamentales de la Nación, puede dar apertura a persecución política contra periodistas y personas defensoras u organizaciones de derechos humanos que se dedican a la investigación con apoyo de la cooperación u organismos internacionales”.
Abuso sexual y violencia
Sobre la prescripción de agresión sexual, agresión sexual incestuosa, violación sexual y violación sexual incestuosa contra personas adultas (artículo 141), sostienen que «la violación sexual, la agresión sexual y cualquier abuso sexual que constituyen diversas formas de violencia sexual, cuando la víctima o sobreviviente es una persona adulta, ha sido sujeta a plazos de prescripción de 20 años”, lo que a su parecer “transgrede el principio de progresividad, ya que su imprescriptibilidad se encuentra prevista en nuestra normativa vigente”.
También destacan que se excluye del plazo de prescripción ampliado el tipo penal de actividad sexual no consentida en la relación de pareja, a la vez que se establecen penas menos graves, desconociendo que «violación es violación» en cualquier circunstancia, y «minimizando esta conducta deplorable» cuando la comete la pareja, tal y como se advierte en el artículo 138.
En la carta también abordan la violencia contra niños, niñas y adolescentes (artículo 124, párrafo IV) y dicen que, para que la referencia sea constitucional, debe disponerse expresamente que la educación y disciplina a los hijos e hijas por parte de su madre, padre o tutor jamás podrá traducirse en castigos corporales o físicos, ni siquiera “leves”, como tampoco en otras formas de castigo cruel o degradante.
Codue saluda aprobación del Código Penal en ambas cámaras legislativas
Las causales
Sobre los derechos sexuales y reproductivos (artículos 109–112), afirman que la penalización absoluta sin excepciones constituye una «grave violación a los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, tales como los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, a la prohibición de la tortura, tratos crueles e inhumanos, a una vida libre de violencia, a la libertad personal y a la autonomía reproductiva”.
«El proyecto pretende criminalizar a médicos, enfermeras, farmacéuticos, parteras y personal de apoyo con una eximente sujeta a que se agoten todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho para salvar una vida, o la otra, o ambas, y que no garantiza certeza ni seguridad jurídica a profesionales de la salud”, aseguran.
Discriminación
Las organizaciones indican en su carta que la discriminación instaurada en el (artículo 173) “excluye explícitamente de la protección penal contra la discriminación a personas tradicionalmente vulnerabilizadas por su orientación sexual e identidad de género”.
- Señalan que el proyecto incluye los párrafos II y III que, según ellos, “dejarían sin efecto el tipo penal de discriminación, dejando en completa desprotección a las mismas personas que dice proteger, grupos históricamente marginados”.
Los senadores convierten en ley el Código Penal
Alianza Cristiana de RD, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Género (CEG/Intec), Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer), Centro Hostos de Estudios Constitucionales, Centro Integral para el Desarrollo Local (Cidel), Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis), Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros) y Ciudad Alternativa.
Además, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feminista de las 14 provincias del Cibao, Coalición por la Seguridad Social Digna, Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), Coordinadora de Mujeres del Cibao, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Foro Ciudadano y Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas.
También firman la carta el Foro Feminista Magaly Pineda, Fundación Friedrich Ebert (FES), Junta de Mujeres Mamá Tingó, Movimiento de Mujeres Mamá Tingo, Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Participación Ciudadana, Junta Directiva Profamilia, Sindicato de Trabajadoras de los Cuidados a Domicilio (Sintrasecd), Sindicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Salud (Sinatesa), Tertulia Feminista SUR y Unión Democrática de Mujeres (Udemu)
Fuente:
diariolibre.com