Por Jose Diaz 
La reciente aprobación de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador ha generado fuertes reacciones tanto dentro como fuera del país.
Con el aval de la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), el presidente Nayib Bukele podría aspirar a un tercer mandato, una posibilidad impensable hasta hace pocos años por la propia Constitución salvadoreña.
Organizaciones de derechos humanos y voces opositoras califican esta decisión como un golpe decisivo a la frágil democracia del país.
Una de las críticas más contundentes provino de Cristosal, organización humanitaria que, desde su exilio en Guatemala, señaló que la reelección indefinida representa *“el tiro de gracia a la democracia salvadoreña”.
En un comunicado, la ONG denunció que estas reformas fueron impuestas “sin previo aviso, sin debate y de espaldas al pueblo”, subrayando que lejos de devolver el poder al pueblo, “se lo entrega sin límites a la familia del gobernante”. Además, advirtieron que, sin contrapesos institucionales, el régimen se encamina hacia una perpetuidad autoritaria.
Modificaciones de la reforma
La reforma —aprobada con 57 votos oficialistas y de sus aliados— modificó los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna.
Entre los cambios clave figuran la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el ajuste del calendario para que el próximo período concluya en 2027 en lugar de 2029, sincronizándose con los comicios legislativos y municipales.
La preocupación ha cruzado fronteras. El opositor venezolano César Pérez Vivas calificó la decisión como “una mala noticia para la democracia del continente”, asegurando que el principio de alternancia política en América Latina está “en franco declive”.
En su pronunciamiento, Pérez Vivas comparó la situación salvadoreña con otras regresiones institucionales que han afectado a la región en las últimas décadas.
Organizaciones internacionales como WOLA y Human Rights Watch también han encendido las alarmas, ante el precedente que estas decisiones podrían establecer. La experiencia salvadoreña recuerda los casos de Honduras y Nicaragua, donde mandatarios como Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega accedieron a reelecciones consecutivas tras fallos judiciales que anularon límites constitucionales.
Cabe recordar que Bukele llegó a la Presidencia en 2019 con un fuerte discurso contra la corrupción y el autoritarismo, criticando a líderes que hoy parece emular.
En 2021, la Sala de lo Constitucional —integrada tras un polémico proceso impulsado por su partido— habilitó su reelección para un segundo mandato, a pesar de prohibiciones constitucionales. En junio de 2024, inició ese segundo período.
Para Cristosal, los últimos pasos del oficialismo marcan un retroceso a los “errores de regímenes arbitrarios del pasado” y subrayan la urgencia de preservar los contrapesos democráticos. “Denunciamos los hechos de ayer porque nos regresan a los errores de los regímenes arbitrarios del pasado”, remataron en su comunicado.
La reforma constitucional aún deberá consolidarse, pero sus implicaciones ya despiertan profundas inquietudes sobre el rumbo democrático de El Salvador, en un contexto regional cada vez más vulnerable a los liderazgos personalistas y a la erosión de las instituciones.
Fuente:
diariolibre.com