Por Jose Diaz 
El Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico retiró los fondos otorgados al ayuntamiento de Aguadilla a través de un programa financiado por el Departamento de Seguridad Nacional para el fortalecimiento de sus fronteras, después de que el municipio costero al noroeste de la isla se declarara una «ciudad santuario«.
De acuerdo con El Nuevo Día, el ayuntamiento de Aguadilla confirmó la recepción de una misiva que informaba sobre el fin de las subvenciones otorgadas mediante la Operación Stonegarden (OPSG), un programa que financia a agencias locales y estatales para mejorar la cooperación y coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“En efecto, recibimos la carta. Estamos analizando el efecto que tendrá la cancelación de estos fondos y cómo será el proceso”, indicó José Cruz, portavoz del municipio, que el pasado 26 de junio firmó la Ordenanza 82, que le otorga el estatus de ciudad santuario.
Dicha ordenanza limita la cooperación con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o la CBP, “salvo que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública”.
El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, también firmó la Ordenanza 83, que ordena la creación de un equipo de trabajo de respuesta interdisciplinario que entra en acción al identificarse redadas o intervenciones con migrantes.
Tras firmar ambas ordenanzas, Roldán Concepción resaltó que “nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”.
El fin de los fondos
La carta emitida por el DSP, con fecha del 21 de julio, indica que los fondos otorgados a Aguadilla en los años fiscales 2023 y 2024 serán “removidos” debido a la firma de la ordenanza que prohíbe a los empleados municipales y a la Policía Municipal colaborar con agencias federales en temas migratorios.
“Esta política representa un incumplimiento con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”, señala Arturo Garffer, secretario del DSP.
- Garffer indicó que se removerán 150,000 dólares otorgados en el año fiscal 2023 y 95,903 dólares del año fiscal 2024.
“El Departamento de Seguridad Nacional, mediante sus agencias componentes, establece como requisito esencial la colaboración activa entre los gobiernos locales y las agencias federales para el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. En virtud de lo anterior, la postura adoptada por el Municipio de Aguadilla mediante la Ordenanza 82 constituye un impedimento para continuar con la participación en el programa”, enfatizó Garffer en el escrito.
Cruz explicó, en declaraciones escritas, que Aguadilla todavía utiliza fondos otorgados para el año fiscal 2022, “así que no nos están quitando (los fondos de 2023 y 2024), sino que nos están negando los fondos que se iban a solicitar en las propuestas (para ambos años fiscales), que no se han sometido aún”.
“Casi todos los municipios operan así. Ellos simplemente nos quitan la oportunidad de solicitar fondos para realizar un trabajo de vigilancia en las costas contra el trasiego de drogas y armas, y el trasiego de indocumentados. Eso nada tiene que ver con la ordenanza que se firmó. El alcalde fue enfático en decir que el municipio tenía un acuerdo para ese tipo de colaboración”, añadió Cruz.
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Otra ciudad santuario en PR
A principios de junio, antes que Aguadilla, el municipio de Hormigueros aprobó una ordenanza para declararse “ciudad santuario”.
“El espíritu y la esencia humana de mi pueblo no nos permite colaborar con las autoridades locales ni federales en sus iniciativas de deportación de hermanos latinoamericanos y del mundo”, dijo el pasado 3 de julio Pedro García Figueroa, alcalde de Hormigueros.
Para la redacción de las ordenanzas, Aguadilla y Hormigueros utilizaron modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico, que tiene como objetivo la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes que residen en el archipiélago, explica El Nuevo Día.
Las comunidades inmigrantes de Puerto Rico, compuestas mayormente por personas de origen dominicano, han sufrido las políticas migratorias instauradas por Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca.
Desde la primera redada, el 26 de enero, hasta mayo, las autoridades federales habían detenido a 445 personas en Puerto Rico, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De ellos, el 72 % (320) son de origen dominicano.
- La comunidad dominicana representa más de la mitad del total de inmigrantes que viven en la vecina isla, que para 2022 era de 55,000 personas, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
La condición de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Estados Unidos lo convierte en una extensión del territorio estadounidense.
Aunque tiene su propio gobierno insular y Constitución, áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas quedan bajo el control de Estados Unidos. Esto significa que muchas de las políticas de la Administración Trump —incluida la migratoria— también se aplican en la isla.
Fuente:
diariolibre.com