Por Jose Diaz 
El presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel Mercedes, calificó como una “mala práctica arraigada” del sistema judicial dominicano la reciente condena y prisión preventiva de un joven que pasó 22 meses encarcelado sin que existieran pruebas en su contra. Es decir, por insuficiencia de pruebas conforme a lo que establece el artículo 337 del Código Penal Dominicano.
El caso que motivó estas declaraciones es el de Edwin Aníbal Batista Henríquez, chef ejecutivo con 18 años de trayectoria en hoteles y villas del país, quien fue acusado de presunta estafa, asociación de malhechores y falsificación de documentos, en perjuicio de varias personas y de la empresa Shellfish del Caribe.
- El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia lo absolvió de todas las imputaciones, al determinar que la acusación carecía de pruebas, ordenando su libertad mediante la sentencia No. 340-04-2025-SPEN-00173.
Batista permaneció en prisión preventiva desde octubre de 2023, sin que se le concediera libertad condicional, a pesar de tener arraigo laboral y familiar. “Me robaron 22 meses de vida”, expresó el eximputado , anunciando que demandará a las empresas querellantes y al Estado dominicano por daños y perjuicios.
Aseguró que su proceso fue consecuencia de un conflicto comercial en el que no tuvo participación directa y que su reputación profesional quedó gravemente afectada.
Patrón persistente
Mercedes advirtió que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se repite en el país, donde ciudadanos son privados de libertad durante largos períodos y luego absueltos, sin que reciban indemnización alguna por el tiempo perdido. “Aquí no hay sanciones para los fiscales que contribuyen a que un ciudadano permanezca en prisión preventiva sin pruebas, a pesar de que la presunción de inocencia es un principio universal”, afirmó.
El defensor de derechos humanos explicó que, conforme a la normativa procesal, el joven absuelto puede demandar al Estado y al Ministerio Público que presentó la acusación sin fundamento.
También, recordó que en la República Dominicana nunca se ha visto un caso donde un fiscal sea condenado por abusar de su función y someter a una persona de manera temeraria.
Asimismo, criticó el rol de los jueces que dictan prisión preventiva con expedientes “flojos”, cuando el Código Procesal Penal contempla otras medidas menos severas, como presentación periódica o arresto domiciliario. “Los jueces están aplicando la prisión por adelantado, lo cual es ilegal y agrava la violación de derechos del ciudadano ”, subrayó.
Mercedes enfatizó que entre el 65 % y el 75 % de la población carcelaria del país se encuentra en prisión preventiva, lo que considera un reflejo de la falta de ponderación judicial y de la línea general del Ministerio Público de solicitar esta medida en casi todos los casos, incluso cuando saben que no podrán probar la acusación en un juicio de fondo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ofrecido asistencia legal gratuita a las víctimas de estos abusos para que puedan demandar a los responsables, incluyendo fiscales y querellantes particulares. “Hay que enviar un mensaje claro: acusar sin pruebas no puede quedar impune”, concluyó Mercedes.
Fuente:
diariolibre.com