Por Jose Diaz 
El aumento de las penas, de 30 a 40 y hasta 60 años, no significa que todos los condenados a esas sanciones permanezcan en las cárceles por todos esos períodos.
Así lo explican la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y los abogados penalistas Carlos Salcedo y Robinson Reyes, quienes afirman que pocos presos cumplen la totalidad de la pena en República Dominicana y otros países, cuyas leyes contemplan la libertad condicional, que se solicita después de cumplirse la mitad de la sanción, y a través de programas como «medios libres» como alternativas a la reclusión.
Coinciden también en que la ineficiencia del sistema penitenciario sí ha provocado que muchas personas permanezcan en prisión preventiva “años”, sin haber sido halladas culpables, o no acceden a políticas de reinserción social, que es la función de la pena, por el hacinamiento de gran parte de los centros penitenciarios.
Para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, “en la práctica dominicana, pocas personas cumplen la totalidad de penas”.
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Sostiene, sin embargo, que la ausencia de una política penitenciaria clara y un sistema judicial deficiente tiene como secuela que presos permanezcan tras las rejas por años, o que no accedan a mecanismos de reducción de su estadía en centros de reclusión.
En ese sentido, entiende que más que alargar los años en prisión, «el foco debe estar en mejorar la justicia penal y la ejecución penitenciaria conforme a criterios de proporcionalidad, eficacia y reinserción”.
Al respecto, el jurista Carlos Salcedo asegura que “usualmente no” hay en la República Dominicana internos que cumplan el máximo castigo, porque el propio Código Penal establece medidas alternativas de salidas de los centros de reclusión antes de este ser cumplido.
La ley, según Salcedo, incluso plantea opciones de libertad en el período de ejecución de la sentencia, como los llamados medios libres, que de alguna manera sirven para minimizar un poco el hacinamiento en los penales.
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Sobre el tema, el penalista Robinson Reyes advierte que, con la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, las cárceles estarán aún más congestionadas de lo que están porque si a los reclusos que se les imponía 20 años podían solicitar libertad a los 10, ahora deberán hacerlo a los 20 años cuando sean sentenciados a 40, y a las tres décadas si son condenados a 60.
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Asesinato del niño Llenas Aybar
José Valdez, otro jurista que tiene varios lustros ejerciendo la materia penal, disiente de lo expresado por sus colegas y asevera que “muchísimos” presos cumplen con la condena a la que se les sentencia.
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Mencionó como ejemplo a los condenados por uno de los asesinatos que más conmocionó al país, el del niño José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, hace justamente 29 años.
El principal sentenciado, su primo, Mario José Redondo Llenas, cumplirá el próximo año los treinta años a los que se sentenció. Otro de los implicados, Juan Manuel Moliné, hallado culpable de complicidad, se le dictó veinte años, pena que purgó.
Al menor lo ataron con cintas adhesivas, le dieron 34 cuchilladas y lo tiraron en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte.
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Cárceles no están aptas
Para el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, las prisiones tradicionales y que se conocían como el viejo modelo, condiciones en las que todavía están gran parte de los centros carcelarios del país, “no son aptas para cualquier tipo de encarcelamiento”, ni para los de larga duración, ni para la privación de la libertad correccional, que son las que contemplan menor sanción.
No obstante, dijo que el centro de Las Parras, que está programado a inaugurarse en este mes de agosto “podrá cumplir mínimamente” con los requerimientos para los diferentes tipos de medidas de prisión que establece la nueva Ley 74-25.
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A juicio de Santana, los centros deberán hacer ajustes a los programas de tratamiento, de tipo educativo, ocupacional y familiar, con las nuevas penas que obligará a los reclusos a permanecer más tiempo en prisión.
El pasado mes de julio, la Dirección General de Servicios Penitenciarios reportó un total de 24,801 reclusos en las distintas cárceles dominicanas, de los cuales 16,018 eran preventivos, para un 64.59 por ciento. Los sentenciados son 8,783, para un 35.41 %.
Fuente:
diariolibre.com