Por Jose Diaz 
El arresto a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte se ejecutó la mañana de este miércoles, al momento de ella acudir a la sede de la Procuraduría General de la República y después de que su casa en La Vega fuera allanada por miembros del Ministerio Público.
Pilarte acudió a la Procuraduría General luego que la fiscal Andry De Los Santos, de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), y la procuradora adjunta Sourelly Jaquez encabezaran el allanamiento a su vivienda en cumplimiento a la condena de cinco años de prisión que le impuso la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La Ucaprec ejecutó la orden emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, mediante el auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, del 2 de septiembre de 2025, informó el Ministerio Público.
La exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue hallada culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico por la Segunda Sala de la SCJ, sentencia que fue confirmada por el Pleno de esa alta corte.
El Pleno de la SCJ ratificó la sentencia impuesta por su Segunda Sala en funciones de tribunal de juicio de la jurisdicción privilegiada y emitida el 28 de mayo del pasado año, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Al momento de ser condena por la Segunda Sala de la SCJ todavía era diputada, curul que ocupó hasta agosto del 2024.
La decisión permite también al Estado decomisar bienes muebles e inmuebles a Pilarte valorados en más de 4 mil millones de pesos producto del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Purgará la pena en la cárcel de Rafey
Pilarte deberá cumplir los cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago.
Además de la prisión, Pilarte fue condena al pago de 200 salarios mínimos por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes se inhibieron en la casación por haber conocido el proceso en la etapa anterior.
Formaba parte de la red de su familia, según MP
Según el Ministerio Público, la exlegisladora formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico que supuestamente encabezaba su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, de la que también formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
Los fiscales sustentaron ante la SCJ que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero nacional más de 4,000 millones de pesos a pesar de que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2021 solo percibió salarios e ingresos por un total de 16.3 millones reportados tanto en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) como de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los bienes que se la ha ocupado
Los bienes e inmuebles ocupados por el Ministerio Público y decomisados en los tribunales a Pilarte son 13, todos ubicados en La Vega, entre ellos un terreno de 3,081.41 mt2, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral número 29, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega.
También, el inmueble identificado como 313295647592, con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300032450, expedida por el registrador de títulos de La Vega; asimismo un terreno con una extensión superficial de 811.45 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 4000250918, expedida por el registrador de títulos de La Vega.
Otro inmueble con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 03000163269, expedida por el registrador de títulos de La Vega, y otro de 1,492.42 metros.
Procuradores a cargo de la investigación
En el proceso contra la exlegisladora, el Ministerio Público estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuradora General de la República.
Fuente:
diariolibre.com