Por Jose Diaz 
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo este viernes que la Policía Nacional dispuso la suspensión inmediata de los agentes que ultimaron a cinco hombres en Santiago en un supuesto intercambio de disparos. La Policía dijo que los fallecidos formaban parte de una organización criminal, versión que es rebatida por los familiares.
«Desde el Ministerio de Interior y Policía, en relación con los hechos ocurridos en Santiago, comunico: la Dirección General de la Policía Nacional ha dispuesto la suspensión inmediata de los agentes actuantes, quienes ya han sido puestos a disposición del Ministerio Público«, sostuvo Raful en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Aseguró que la investigación se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias, con «total compromiso de transparencia hacia la ciudadanía«.
«No habrá impunidad»
La ministra también aseguró, que en este caso no habrá impunidad.
«No habrá impunidad; el orden se construye con legalidad y justicia, y asumiremos todas las responsabilidades que el proceso determine», afirmó la funcionaria.
Yeni Berenice ordena investigación
Este mismo viernes, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Persecución, Wilson Camacho, y a la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, a encabezar las investigaciones sobre el hecho, ocurrido el pasado miércoles frente a una edificación de viviendas y negocios en la avenida Olímpica en La Barranquita.
Reynoso les solicitó «determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma», informó la Procuraduría.
Familiares de dos de los fallecidos denunciaron que los uniformados se llevaron de manera irregular los equipos de grabación de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del lugar donde ocurrió el hecho.
Según dicen, minutos después del incidente los agentes ocuparon los DVR que almacenaban las imágenes previas, durante y posteriores al operativo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de la actuación policial.
Los abatidos
Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Dos de ellos fallecieron en el lugar del hecho y fueron levantados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.
Conforme informó la Policía, se produjo una balacera entre el grupo de civiles y sus agentes, en la cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia.
La Policía dijo que los cinco muertos eran parte de una «peligrosa banda» dedicada al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas de drogas y narcotráfico. También informó que les ocupó armas de fuego, entre ellas de alto calibre.
«En la intervención fueron ocupadas cinco armas de fuego: un fusil AR-15 calibre 5.56, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas; una ametralladora Uzi calibre 9mm con su cargador; un revólver Taurus calibre 38, serie ACA479069, color plateado; una pistola Glock calibre 9mm, serie AFNP488 con cargador; y una pistola Carandai color negro, sin numeración visible, con su cargador», refiere la información policial.
Asimismo, se incautaron tres vehículos: un Kia K5 blanco, placa A824816; un Mazda blanco, placa A3022436, «en cuyo interior fue ocupada una balanza marca Tanita, color negro»; y un Honda Civic gris, placa A576131.
Indicó, además, que huyó del lugar un hombre al que perseguían, y que supuestamente es el cabecilla de una «red criminal«, a la que dice pertenecían los fallecidos.
La Policía identificó al prófugo como Ronny Abel Sánchez Morillo, alias «Mudita».
Los familiares de Vladimir desmienten a la Policía
Desde el mismo día del hecho, los familiares de José Vladimir Valerio Estévez negaron que fuera delincuente. Afirman que se dedicaba a la peluquería y que el día del hecho se encontraba en su trabajo.
Este viernes visitaron la Fiscalía de Santiago y reclamaron que se establezca un precedente en la República Dominicana sometiendo a la justicia y condenando a los agentes que participaron en la acción.
“Lo que pedimos es que se haga justicia, que los responsables sean procesados y condenados. Vladi no va a ser hoy ni mañana, va a ser siempre, porque cuando vuelve y ocurre un hecho así entendemos que las cosas deben limitarse y sentarse un precedente en la República Dominicana”, expresó Rafael Valerio, quien habló en representación de la familia.
Fuente:
diariolibre.com