Por Jose Diaz 
El Tribunal Constitucional (TC) deberá decidir si el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados incurrieron en una violación a la Constitución al no ajustar, conforme a la inflación, el monto del salario al que se cobra el impuesto sobre la renta (ISR) en las leyes de Presupuesto General del Estado correspondientes a los años 2024 y 2025.
La alta corte fue apoderada de dos demandas que buscan anular los artículos que mantienen congelado en RD$34,685.00 el sueldo a partir del cual los trabajadores son gravados con una tasa que oscila entre el 15 % y el 25 %.
El Gobierno del presidente Danilo Medina dejó de aplicar desde el 2017 la indexación anual por inflación que establece el Código Tributario para las escalas salariales exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta medida, que en su momento se dijo sería provisional, se ha mantenido hasta la fecha.
De acuerdo con esta norma, solo estarían sujetos a la retención del ISR los empleados que ganen más de RD$50,098.33 mensuales, según cálculos del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles (CREES).
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Los jueces escucharon los argumentos del abogado Jorge Taveras, autor de un recurso de revisión constitucional contra la Ley 80-24, de Presupuesto General del Estado 2025, así como los de las cámaras legislativas, que defienden su legalidad.
Taveras aseguró que, en consecuencia, el salario mínimo está a un paso de entrar en el grupo de los contribuyentes del ISR.
“Año tras año hemos visto cómo el precio de los alimentos, medicamentos, servicios básicos crece, mientras el umbral que protege al trabajador del impuesto permanece congelado, insensible a esta realidad económica”, narró.
Afirmó que miles de trabajadores cargan con este impuesto, no por haberse enriquecido, sino porque su salario ha sido atrapado en esta “trampa tribuntaria”.
“Es fundamental aclarar de una forma muy clara y tajante que esta acción no necesariamente viene a pedir un privilegio, sino que irónicamente viene a pedir el cumplimiento de una ley que ya existe”, arguyó el ciudadano.
Razona que el cumplimiento de la indexación no debe verse como un simple olvido técnico, sino como una violación estructural al ordenamiento constitucional, que protege la condición especial del salario por su carácter alimentario y esencial en la vida humana.
Los aumentos al salario mínimo que se aplican cada dos años lo han acercado al límite susceptible al pago de impuestos, de modo que, según el licenciado en Derecho, con un próximo ajuste de un 20 % el asalariado mínimo quedará dentro del grupo obligado.
Presupuesto del 2024
Una organización identificada como Vox Libertaria presentó otro recurso, esta vez contra el presupuesto ejecutado en 2024.
Su representante legal, William Contreras, alegó que esta omisión afecta a todos los trabajadores formales de República Dominicana, provoca que la inflación destruya los salarios reales y hace que la población sea cada día más pobre.
Solicitó que el TC emita una sentencia que ordene al Poder Ejecutivo promulgar un decreto para disponer el ajuste por inflación, tal como lo establecen los artículos 296 y 327 del Código Tributario.
En caso de que se falle luego de la vigencia de la ley atacada, como ha ocurrido, solicitó a los magistrados que analicen el fondo del asunto y emitan su criterio.
Congreso y PGR
En el otro extremo, los abogados de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron rechazar las demandas por no observarse contrariedad con la Constitución, según su criterio.
Fior Daliza Alduey Mercedes, procuradora adjunta y responsable de la Unidad de Análisis Constitucional de la PGR, dijo que “el accionante sólo se limitó a transcribir los artículos…, sin explicar las razones de las cuales se derivan su incompatibilidad con la Constitución”.
El Pleno del TC dejó este y otros 12 recursos en estado de fallo, en una audiencia pública celebrada la mañana de este miércoles en su sede.
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diariolibre.com