Por Jose Diaz 
El Tribunal Constitucional (TC) reprochó con firmeza la actuación de la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al revocar una sentencia de amparo que consideró jurídicamente deficiente.
En su fallo, contenido en el expediente TC-05-2022-0174, el TC determinó que la magistrada incurrió en dos faltas graves: no pronunciarse sobre todos los derechos alegados por el recurrente (falta de estatuir) y no ofrecer justificación razonada de su decisión (déficit de motivación).
El recurso fue interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien denunció que se le vulneraban derechos como el buen nombre, la integridad personal y la presunción de inocencia a través del uso de un “mote” en procedimientos judiciales.
Según el TC, la jueza Ramírez no examinó de forma individualizada cada uno de esos derechos ni explicó por qué, en su criterio, no resultaban afectados, limitándose a tratar el conjunto como una “estrategia procesal” y desestimando sin mayor desarrollo.
“La debida motivación de la sentencia constituye un derecho de cada individuo frente al juez”, recordó el Tribunal, citando su propia jurisprudencia.
El fallo critica expresamente que no se valoraran de forma concreta los hechos ni se aplicara el derecho de forma razonada. Para el TC, esta omisión afecta la tutela judicial efectiva y la credibilidad de la justicia en un Estado democrático.
Además, el alto tribunal fue enfático al recordar que los jueces no pueden despachar los derechos fundamentales con fórmulas genéricas ni con afirmaciones vagas. Deben, en cambio, desarrollar argumentaciones claras, sistemáticas y completas que permitan entender cómo se llegó a la decisión adoptada.
“Emitir decisiones desprovistas de fundamentación deja al ciudadano en estado de indefensión”, reiteró el órgano constitucional.
Conoció el fondo
Por ello, el TC no solo anuló la sentencia dictada por Ramírez el 20 de abril de 2022, sino que asumió directamente el conocimiento de la acción de amparo. La resolución envía un mensaje institucional claro: los jueces tienen el deber de ejercer su función con rigor jurídico, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales.
La jueza Ramírez conoce actualmente el caso de la investigación por corrupción administrativa que involucra el presunto desvío de más de 19,000 millones de pesos del Estado mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos para campañas políticas.
- Entre los principales imputados figuran los exministros Donald Guerrero (Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia), además de otros exfuncionarios y empresarios.
El proceso, con más de 2,000 elementos probatorios, se encuentra en etapa de audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Fuente:
diariolibre.com