Por Jose Diaz 
Después de seis intentos fallidos, finalmente este jueves pudo iniciarse el juicio de fondo contra los implicados en una presunta red que operaba desde la Procuraduría General de la República, dedicada a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
Del expediente que sobrepasa las 400 páginas, el Ministerio Público logró leer hoy 217, por lo que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) esperan finalizar en la próxima audiencia.
Desde septiembre del pasado año, cuando el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a todos los acusados, las audiencias han sido suspendidas una y otra vez. La continuación de este juicio fue fijada para el próximo 22 de mayo a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
- Entre los motivos de los aplazamientos anteriores se enumeran algunas situaciones de salud sufridas por algunos de los imputados.
Un ejemplo fue el caso de Dilcia Argentina Núñez Santos, quien sufrió un aumento de presión arterial y tuvo que ser trasladada de emergencia a la Clínica Abreu, ubicada frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El proceso judicial involucra a fiscales, empleados administrativos y agentes de la Policía Nacional que, según el Ministerio Público, formaban parte de una estructura ilícita que operaba desde la Dirección de Tecnología de la Procuraduría.
Imputados
Los acusados son: Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Domingo Julio Santana Sánchez, Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Anthony Vicente Ferrer Monegro (miembro de la Policía Nacional), Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos. Entre los acusados también figuran familiares de Rubén Darío Morbán.
- De acuerdo con la acusación, los empleados Alfredo Mirambeaux, Mártires Rosario y Rubén Darío Morbán habrían aprovechado su acceso al Sistema de Casos y Expedientes para modificar y eliminar registros penales, facilitando la limpieza del historial delictivo de personas a cambio de sobornos.
El Ministerio Público dice que la presunta red eliminó casi 17,000 antecedentes penales en beneficio de sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, así como personas involucradas en la adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros.
De acuerdo a la acusación, la organización delictiva llegó a eliminar antecedentes de individuos condenados a penas de hasta 30 años de prisión.
Fuente:
diariolibre.com