César el Abusador demandó a Estados Unidos

El dominicano César Emilio Peralta, mejor conocido como (César el Abusador), quien guarda prisión en Puerto Rico bajo cargos de narcotráfico transnacional, instruyó una demanda contra esa nación por siete millones de dólares argumentando falta de atención médica.

Conforme a una publicación del periódico elnuevodia.com de Puerto Rico, la demanda incluye el Centro Metropolitano de Detención (MDC), ubicado en Guaynabo, donde está recluido.

Peralta está en ese centro de detención desde diciembre de 2021 cuando fue extraditado desde Colombia, donde fue capturado luego de años prófugo de la justicia.

“Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y permanece bajo custodia del Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP) tras su extradición en diciembre de 2021 por una pesquisa que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) inició en 2018”, dice la noticia de elnuevodia.com.

La demanda

Según el medio boricua, Peralta ha solicitado que se le provea tratamiento para varias condiciones médicas desde que fue arrestado.

“Cuando se declaró culpable, en el 2022, le informó al juez federal Pedro Delgado que la administración de la prisión no le proveyó atención a su situación de salud, acusación que repitió a principios de diciembre de 2024. Entonces, Peralta escaló el reclamo al radicar una demanda civil por siete millones de dólares en la que denunció violaciones a la Constitución de Estados Unidos por parte del exalcaide del MDC en Puerto Rico y de varios oficiales que laboran en la prisión”, refiere la publicación.

Más detalles

La publicación del medio afirma que «los abogados de Peralta también solicitaron interdictos temporeros y preliminares para que se le conceda a su cliente el remedio solicitado de inmediato».

«Según los documentos judiciales disponibles, Peralta argumentó que no necesitaba completar el proceso administrativo porque desconocía de los procesos, debido a que los demandados ignoraron sus denuncias médicas y obstruyeron sus quejas, y porque los oficiales del MDC “fallaron en tomar acción” después de enterarse de las querellas verbales y escritas», relata.

Sin embargo, la jueza Camille Vélez Rivé, tras evaluar el recurso y las réplicas de los demandados, denegó la medida de urgencia y dejó que el pleito tomara su curso regular.

El medio agregó: La jueza de distrito señaló que la demanda fue radicada “sin algún tipo de evidencia en apoyo, sino con argumentos vagos del abogado”, mientras que los demandados presentaron una detallada declaración jurada de una empleada del área legal de MDC con una explicación del proceso y el señalamiento de que Peralta “no radicó ninguna petición para remedio administrativo”.

Con relación a la denuncia de obstrucción deliberada de tratamiento médico, la jueza apuntó que Peralta no presentó hechos o detalles específicos sobre sus quejas dentro de la prisión.

“Además, (Peralta) afirma que los funcionarios de MDC Guaynabo se negaron a procesarlas y sus solicitudes de tratamiento fueron ignoradas, pero el demandante no indica qué funcionarios se negaron a procesarlas y qué quejas fueron las que supuestamente fueron ignoradas. Por tanto, el Tribunal no puede discernir cuáles demandados supuestamente obstruyeron algún tratamiento médico en particular y cuáles fueron los roles de los demandados en dicha supuesta obstrucción«, resaltó la jueza Camille Vélez Rivé en la orden y opinión.

Agrega que la jueza también indicó que el reclamo de Peralta no incluyó evidencia o algún precedente que lo exima de tener que cumplir con los trámites administrativos regulares dentro de la prisión para procesar sus quejas antes de radicar una demanda civil.

“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante y las frustraciones que pueda tener relacionadas con el tratamiento médico que está recibiendo mientras se encuentra detenido. Sin embargo, esto no se puede extrapolar para argumentar, como lo ha hecho, que se le ha negado el tratamiento médico adecuado”, indicó la jueza, según cita elnuevodia.com.

Añadió que, “lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia de la BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento médico de su elección, y tiene que agotar la vía administrativa antes de presentar un caso ante este tribunal”.

“Por lo tanto, el tribunal no está en posición de determinar, como el demandante desea que lo haga, que la atención médica y el tratamiento brindados al demandante […] no han sido adecuados y no han cumplido con el estándar de atención”, afirmó la jueza Vélez Rivé.

El medio reseña que, al día siguiente, el abogado de Peralta acudió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para revertir la determinación negativa sobre el interdicto preliminar.

Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para contestar la moción radicada, finaliza la noticia.

Fuente:

diariolibre.com