Por Jose Diaz 
La tragedia ocurrida el pasado ocho de abril por el desplome de la emblemática discoteca Jet Set dejó a 174 niños, niñas y adolescentes, según informó el Gobierno en una reunión conjunta en la que participaron diversas instituciones que dan seguimiento a los afectados.
El gobierno ha manifestado que esta condición de orfandad o pérdida parental es una de las más críticas identificadas.
Ante esto, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) activó su modelo de gestión de casos o Sistema Nacional de Protección para ofrecer atención integral por un año mediante planes individuales que incluyen apoyo psicológico, educativo, legal, de salud y protección especial para estos menores.
La ejecución de esta línea de trabajo comenzó en abril y se extenderá por un año, a través de 16 de las 39 oficinas regionales y municipales del Conani, con una mayor concentración en la Oficina Regional Metropolitana, a la cual le corresponden 53 casos.
Más de 230 familias reciben apoyo
El Gobierno informó que continúa brindando respaldo y acompañamiento a las familias impactadas por la tragedia, a través de una comisión interinstitucional coordinada por el programa Supérate.
Hasta la fecha, 232 hogares han sido intervenidos como parte de un plan integral de atención, tras el colapso del techo del centro de diversión que dejó 236 muertos.
Esta labor se ejecuta mediante el Protocolo de Intervención Sociofamiliar, con el objetivo de ofrecer atención psicológica, económica, social y legal a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del fatídico suceso.
El informe fue presentado por representantes de Supérate, el Ministerio de Salud Pública (Mispas), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Entre los funcionarios presentes estuvieron: Víctor Atallah, ministro de Salud Pública; Gloria Reyes, directora general de Supérate; Augusto de los Santos, director de Siuben; Edward Guzmán, gerente general del CNSS; la doctora Yocasta Lara, directora de la Red Pública de Hospitales; Carlos Peláez, del Mispas; Pazzis Paulino, de Conani; y Enmanuel Medina, coordinador de atención a víctimas de violencia de género del SNS.
Apoyo emocional y salud mental
El Mispas, en coordinación con el SNS y el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), desarrolla un programa de atención emocional centrado en el acompañamiento del duelo, la prevención de trastornos psicológicos y la creación de redes de apoyo.
Este programa se ejecuta en dos fases:
Primera fase (2 a 6 meses): seguimiento y prevención del duelo complicado.
Segunda fase (a partir del sexto mes): evaluación final e integración a redes comunitarias.
Recuperación económica
En el plano económico, Siuben ha evaluado 149 hogares para canalizar la asistencia a través del Bono de Emergencia, una transferencia mensual de 30 mil pesos por seis meses. Hasta ahora, 91 hogares están en proceso de pago y 58 siguen en evaluación.
Del total de solicitudes, 205 familias han pedido apoyo económico: 147 familiares de fallecidos y 58 sobrevivientes. La asignación se basa en los datos levantados con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), herramienta que permite conocer la condición socioeconómica de los hogares.
Gloria Reyes subrayó que el propósito del protocolo es garantizar la dignidad y los derechos humanos de los afectados, priorizando su recuperación emocional y económica.
Cobertura de salud y coordinación interinstitucional
El CNSS aprobó la resolución 613-03, que extiende por seis meses la cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS) para familiares directos de las víctimas. Esta medida abarca a personas hospitalizadas, cónyuges, hijos menores, estudiantes hasta los 21 años, personas con discapacidad sin límite de edad y dependientes acreditados.
Otras instituciones como el Ministerio de Educación, Conape y el propio CNSS se sumarán a las acciones para asegurar una respuesta estatal integral y articulada.
Más de 200 profesionales de diversas áreas como psicología, psiquiatría, trabajo social, derecho, entre otros, participan activamente en la implementación del protocolo, en un esfuerzo coordinado por la comisión interinstitucional para mitigar el impacto de esta tragedia en cientos de familias dominicanas.
Fuente:
diariolibre.com