Por Jose Diaz 
El abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez, defensor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, aseguró este viernes que la defensa se mantiene a la espera de que el Ministerio Público formalice su solicitud de medida de coerción para conocer los cargos y los alegatos que se les imputan por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, en la que murieron 236 personas, incluyendo el artista, y otras 180 resultaron heridas.
Respecto a la fase procesal, subrayó que la defensa no puede actuar plenamente hasta que el Ministerio Público presente de manera formal su solicitud de coerción y dijo que intenta conocer la situación de Maribel Espaillat.
“No puedo especular sobre si pedirán prisión preventiva. Tenemos que respetar al Ministerio Público y esperar a que presenten sus pedimentos. Luego, la defensa responderá con argumentos y presupuestos para contestar cada uno de los puntos”, explicó.
Investigación por homicidio involuntario
El Ministerio Público investiga a los hermanos Espaillat por el presunto delito de homicidio involuntario, en virtud del artículo 319 del Código Penal Dominicano, al considerar que incurrieron en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no intervenir oportunamente la estructura del techo del Jet Set Club.
La orden de arresto fue autorizada por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que ambos fueran interrogados durante seis horas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.
La fiscalía también investiga si hubo intentos por parte de los imputados de manipular o intimidar a testigos que trabajaban en la empresa Inversiones E y L, S.R.L., bajo cuya razón social operaba el centro de entretenimiento.
Medida de coerción y plazo procesal
De acuerdo con el procedimiento legal, el conocimiento de las medidas de coerción debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores al arresto, por lo que la audiencia está prevista para la tarde del sábado.
El Código Penal establece que el homicidio involuntario puede conllevar penas de tres meses a dos años de prisión, ampliables en caso de negligencia grave en actividades que requieren especial cuidado, como construcciones u operaciones de gran concurrencia.
Posible responsabilidad civil
Además de las consecuencias penales, el caso podría implicar una responsabilidad civil significativa, ya que se han presentado más de 70 demandas contra los propietarios de la discoteca, y el Ministerio Público ha inmovilizado bienes de la empresa operadora como medida cautelar para garantizar indemnizaciones a las víctimas.
El abogado Miguel Valerio, también miembro del equipo legal de los hermanos Espaillat, había declarado previamente que sus clientes no actuaron con dolo, que han cooperado con la investigación y que están dispuestos a resarcir a las familias afectadas. “De ninguna manera ellos querían que eso pasara”, afirmó.
Fuente:
diariolibre.com