Por Jose Diaz 
El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase) “guisó” desde el 2012 con “jugosos contratos” para proteger las instalaciones y equipos de las tres distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste), así como los de la ARS gubernamental Senasa y la del Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), pagando sobornos de más de 108 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, Rodríguez González se valió del pago de cohecho a los altos oficiales militares y civiles para las adquisiciones de los contratos y cuyos sobornados, incluso, tenían como función en las citadas instituciones de hacer el trabajo por el que se pagaba a la empresa privada.
La solicitud de medida de coerción detalla que las distribuidoras de electricidad pagaron por un servicio de seguridad privada a pesar de que esas instituciones cuentan «con un Departamento de Seguridad Interna, encargado formalmente de velar por la protección de su personal, bienes y operaciones».
“A través de esta empresa (Senase) se entregaron sobornos desde mediados del año 2012, aproximadamente. Esta práctica corrupta le permitió a dicha empresa agenciarse jugosos contratos para brindar servicios de seguridad (…) Desde las fases previas de la contratación hasta la ejecución de estos, están marcados por violaciones a la ley, las cuales sirvieron como instrumento para estafar y lesionar los intereses del Estado”.
Militares y policías sobornados
La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Mirna Ortiz, sometió, además del empresario Rodríguez González, al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien fungió como director de Seguridad de Edesur; y a los coroneles Andrés Pacheco Varela, director de seguridad de Edenorte y de la Fuerza Aérea; Luis Ernesto Vicioso Bocio, jefe de seguridad de Edeeste; el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad y del Comité de Compras de Inaipi; y al coronel Elías Caamaño Pérez, jefe de seguridad de Senasa.
La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, también de la seguridad de Inaipi y miembro del Comité de Compras de esa institución, así como al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, gerente de seguridad de Edeeste, y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, director de seguridad de Edenorte.
El Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
Funcionario y único civil recibió RD$35 millones
Por los sobornos en Edenorte, el Ministerio Público afirma que ha identificado que durante el período 2020-2025, el civil imputado, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, director de la Dirección de Seguridad Física de esa distribuidora “recibió la suma de RD$35,319,179.54, en calidad de sobornos, los cuales fueron transferidos directamente a sus cuentas o a de terceros, como a su esposa, cuñado y hermana.
En Edesur, según el documento de solicitud de medida de coerción, al que tuvo acceso Diario Libre, el “esquema de sobornos operó de manera sostenida desde el año 2012 hasta el 2020, año en que el imputado (el señor Carlos Ambrosio Robles Díaz, en su calidad de director de Seguridad de dicha distribuidora), fue desvinculado de la entidad pública.
Los sobornos exigidos por los altos oficiales a Rodríguez González, con quien sostenían reuniones en restaurantes para ofertarles el negocio, eran entregados tanto mediante transferencias directas a sus cuentas bancarias como a través efectivo.
En el caso de Senasa, en cumplimiento al acuerdo de un pago mensual de soborno, desde el año 2016 hasta el año 2019, el coronel Elías Caamaño Pérez, recibió la suma de RD$3,032,505.34, los cuales recibía directamente a sus cuentas mediante transferencias bancarias directas a su nombre o en efectivo proveniente de cheques librados SENASE para esos fines.
Fuente:
diariolibre.com