Por Jose Diaz 
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pidió al presidente Luis Abinader no introducir al Congreso Nacional el proyecto de ley que fusionará el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt).
Asimismo, propuso abrir un espacio de diálogo con los distintos sectores de la sociedad, sobre todo los involucrados en la educación.
A través de una nota de prensa, el gremio reiteró su rechazo a la posible fusión del Minerd-Mescyt, tras considerar que su único propósito es reducir la inversión pública en educación, en un periodo en el que el sistema educativo requiere mantener y ampliar la inversión y mejorar la calidad del gasto.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, señaló que detrás de este proyecto se esconden fines privatizadores que se expresan en la propuesta de incorporar las alianzas público-privadas, el establecimiento de fideicomisos y la tercerización de la gestión educativa.
“La propuesta de fusión Minerd-Mescyt es un invento que no está sustentada en ningún estudio o diagnóstico que muestre la necesidad y viabilidad del mismo”, afirmó.
Hidalgo aseguró que, de materializarse este despropósito causaría daños severos a los procesos que están desarrollando ambos ministerios, haciendo mucho más complejas la implementación de las acciones de recuperación necesarias para avanzar hacia una gestión educativa más eficiente.
Hidalgo recordó que, en enero pasado, realizaron un encuentro nacional por la defensa de la educación pública con el soporte de académicos y organismos especializados en el que se estableció como principal conclusión que la pretendida fusión carece de fundamentos sólidos, de análisis de factibilidad y de mecanismos claros que garanticen beneficios reales para el sistema educativo.
¿Por qué rechazan esta propuesta?
- Obsolescencia de las leyes actuales: El anteproyecto no demuestra con evidencia objetiva que las leyes educativas vigentes hayan llegado a un nivel de obsolescencia que justifique la necesidad de esta fusión.
- Ausencia de estudios técnicos: La propuesta no está respaldada por estudios, investigaciones o análisis de factibilidad que prueben que esta medida se alinea con los principios de racionalidad, economía, eficiencia y eficacia establecidos en la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12.
- Impacto en la calidad educativa: El proyecto carece de mecanismos claros para mejorar la calidad educativa o garantizar una educación integral y de alto nivel. Tampoco ofrece garantías de que la educación superior recibirá los recursos necesarios dentro del esquema presupuestario planteado.
- Falta de planificación adecuada: No se especifican criterios, dispositivos ni mecanismos que permitan alcanzar los objetivos propuestos, como la reducción de duplicidades, la mejora en la gestión de gastos o el fortalecimiento de la educación como un derecho fundamental.
- Constituyen una reversión de las dos grandes conquistas presupuestales para el financiamiento de la educación pública preuniversitaria, que representa un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), y la educación superior con 5% del presupuesto.
- Este anteproyecto de ley constituye la formulación de una estrategia mediante la cual se pretende consolidar el proceso de mercantilización y privatización de la educación concebidos en la lógica neoliberal.
Fuente:
diariolibre.com