Por Jose Diaz 
Se espera que en cualquier momento se ejecute la prisión de la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, condenada a cinco años de cárcel por lavado de activos provenientes del narcotráfico por la Suprema Corte de Justicia.
El pasado viernes se dio a conocer la decisión del Pleno de la SCJ, que rechazó un recurso de casación de la exdiputada a su condena, cuya sentencia fue notificada a sus abogados encabezados por Eduardo Jorge Prats. Igualmente, la sentencia fue notificada al juez de la Ejecución de la Pena de La Vega.
A Rafey
Pilarte deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Según el procurador adjunto, Pedro Amador, que investigó y sometió a la exlegisladora, la ratificación de la condena por parte del Pleno de la SCJ hace la sentencia ejecutable, lo que han corroborado otros juristas como Francisco (Pancho) Álvarez.
El 5 de agosto, uno de los abogados de la exlegisladora, Julio Cury, Cury, respondió que la ratificación de la sentencia por el Pleno tendría ejecución, “en principio”, pero que Pilarte podría demandar la suspensión de la sentencia y también que el juez de la Ejecución se la ponga en mora hasta tanto se conozca una revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Su defensa solicitó ayer la revisión constitucional y la suspensión de la ejecución de la sentencia.
Su condena
Al rechazar en su totalidad el recurso de casación de la exlegisladora Rosa Amalia Pilarte, que buscaba anular su condena a cinco años de prisión, el Pleno de la SCJ le mantuvo también el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público por infracciones a la Ley número. 155-17 sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado.
Asimismo, ratifica el decomiso de 13 bienes inmuebles ubicados en la provincia de La Vega, según el Ministerio Público valorados en miles de millones de pesos.
Según el fallo del Pleno, se comprobó que las cuentas de Rosa Amalia Pilarte registraban movimientos millonarios desde 2001 y que, aunque declaró ingresos por unos RD$16 millones, entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones, una discrepancia con su actividad económica declarada. El proceso penal y la condena a la acusada han sido calificados como “sin precedentes”.
Fuente:
diariolibre.com